La campaña no sólo busca que las leyes se cumplan sino también crear conciencia en la opinión pública sobre el desamparo legal que sufren las personas con discapacidad. “En Argentina, la Constitución Nacional y legislación específica regulan los derechos de las personas con discapacidad que se incumplen todos los días”, señala La Usina, una asociación civil que hace cinco años trabaja en temas de discapacidad.
La campaña nacional ya se lanzó en la ciudad de Buenos Aires y la semana que viene se hará lo propio en las ciudades de Tucumán, Córdoba, Mendoza, Rosario y luego se extenderá al resto de las provincias. El objetivo de esta campaña es poner el acento en que las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho a la libertad, la salud, la educación y el trabajo.
El documento de campaña advierte que a través de la ley 24.314 Sistema de Protección Integral de Discapacitados, está garantizada “la supresión de las barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte”; por su parte la ley 22.431 obliga a que el al menos el 4 por ciento de los cargos públicos sean ocupados por personas discapacitadas; y otras normas establecen la educación y el acceso a la salud.
“Ejercer estos derechos se convierte en un problema y un desafío cotidiano para la mayoría de las personas con discapacidad y hace que no interactúen -aún- en todos los lugares que una sociedad democrática, plural, sustentable y desarrollada debería ofrecer a sus ciudadanos”, señala el documento de La Usina.
La recolección de firmas se hará en todo el país. El formulario se puede descargar en la pagina web de La Usina o en las sedes de las ONG que apoyan la iniciativa y que son: Asociación por los Derechos Civiles, Fundación Poder Ciudadano, Familiares Victimas Indefensas de Mendoza, El ÁGORA, ANDHES, MOVERSE, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, titular de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Con las firmas se entregará un petitorio a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que se cumplan las leyes de discapacidad vigentes.
Según datos de noviembre de 2004 del INDEC, en la Argentina hay 2,2 millones de personas con algún tipo de discapacidad lo que significa que en uno de cada cinco hogares hay una persona con discapacidad.