El secuestro de las unidades se había realizado por orden del ente recaudador, con fines de remate, ante la morosidad de las empresas concesionarias del transporte urbano respecto de sus obligaciones fiscales y previsionales. Los colectivos se incautaron durante el recorrido y en la vía pública.
A raíz del procedimiento, más de 40.000 usuarios de los corredores 1, 8 y 9 quedaron prácticamente sin servicio, ante el faltante en los dos primeros de los 27 colectivos de la empresa Manuel Belgrano y otros 18 ómnibus restados al parque de Docta SA, que los había alquilado a su vez a la ex América UTE, deudora de la AFIP y anterior prestadora del corredor octavo.
Sánchez Freytes hizo lugar esta tarde al reclamo de los empresarios por la causal de notificación del secuestro y embargo en domicilio incorrecto, ordenado sobre bienes muebles en las puntas de línea o garages de las prestatarias, por una deuda que alcanzaría los 15 millones de pesos.
Alejandro Cima, de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, señaló que el juez "había mostrado su mejor disposición a los fines de tratar de resolver la situación". Por su parte Ricardo Giurda, martillero encargado del procedimiento de secuestro de las unidades, dijo que "la AFIP veía con muy malos ojos que se les descuente y no se realicen los aportes que le corresponden a los empleados", como me han comentado algunos de ellos -aseguró- que han ido a averiguar a la Anses y les deben dos o tres años de aportes".
Fuentes de la Empresa Manuel Belgrano confirmaron anoche que las unidades secuestradas "estaban regresando al taller de mantenimiento" y adelantaron que tras el reabastecimiento y un rápido alistado, volverían a circular.
Raúl de Paoli, flamante titular de la AFIP Región Córdoba, señaló que "todavía no habían sido notificados" por el magistrado para "poder determinar si la medida es correcta o corresponde tomar alguna medida de apelación". El directivo de la AFIP opinó que a lo mejor el propio juez "nos da otra alternativa de cobro, como la intervención de caja, lo que creo que es razonable, pero no creo que se cercenen todos los derechos de cobro del fisco, porque actuamos por imperio de la ley".
"En los casos de contribuyentes con alta morosidad tributaria o previsional el fisco tiene que recaudar y tiene que cumplir con la ley, cuando ya la cobrabilidad se pone en peligro, porque la deuda excede el patrimonio de la empresa; el Estado no puede permitir que se siga con una mora terriblemente grande" agregó. "Acaba de vencer una moratoria y estas empresas no se presentaron; ¿qué voluntad de pago se puede advertir?; se llevó adelante un juicio de ejecución y ante el silencio de la empresa se pidió el secuestro" finalizó.