El reclamo
El Sindicato de Empleados Judiciales de Corrientes (SITRAJ) comenzó con las medidas de fuerza en junio cuando pedían un aumento salarial del 31 por ciento. Ahora el reclamo es del 15 por ciento porque el 2 de agosto el Superior Tribunal de Justicia otorgó un aumento del 16 por ciento para jueces, funcionario y empleados, pero que todos calificaron de insuficiente.
Los judiciales piden ser incluidos en el aumento del 31 por ciento que meses atrás recibió toda la administración pública menos el Poder Judicial.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, en el gremio señalan que la autarquía financiera que tiene el STJ le permite otorgar aumentos, aunque éste dice que no tiene fondos, el SITRAJ aumenta los paros.
Las medidas de fuerza comenzaron siendo los viernes; después pasaron a ser de dos días y desde la semana pasada son de 72 horas. Este miércoles, jueves y viernes, y los mismos días de la próxima semana son lo nuevos paros. Este vienes el paro se completará primero con el reparto de panfletos en el centro de la ciudad de Corrientes para luego marchar a la Casa de Gobierno.
A los empleados también les preocupa una causa judicial para que se les descuenten los días de paro. El STJ dispuso esa medida pero la Justicia civil de primer hizo lugar a un amparo presentado por el SITRAJ y suspendió los descuentos. Ahora el fallo apeló por el STJ y seguramente llegará hasta el Máximo Tribunal provincial.
Oposición de los abogados
El enemigo más duro que tienen los empleados judiciales es el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes. A través de un comunicado, la entidad presidida por Yamandú Barrios, sostuvo que la huelga tiene un fin político. “El paro judicial ha desnudado ya en forma abierta su intencionalidad política, en la búsqueda de una derrota electoral del actual Gobierno de la Provincia, fracasando en el intento”, señaló el colegio.
La referencia es a las elecciones legislativas que se realizaron este domingo en Corrientes y donde el oficialismo del gobierno de Arturo Colombi se impuso. Desde el gremio descartaron un fin partidario a sus medidas.
Los abogados le pidieron a los dirigentes gremiales que “tomen en serio las consecuencias que sus decisiones mezquinas, unilaterales, politizadas, causan en el funcionamiento del Poder Judicial”. Y calificaron el paro de “abusivo” y perjudicial de los intereses “abogados, justiciables, empleados judiciales que trabajan, jueces, funcionarios judiciales, a la sociedad toda”.
Por último, el Colegio de Abogados reiteró un pedido al Gobierno que viene efectuando desde el inicio del conflicto (inclusive presentó un proyecto de ley): que el Departamento Provincial de Trabajo medie en la situación y convoque a una suerte de conciliación obligatoria.