Así quedó plasmado en un convenio que firmaron este martes la jefa de los fiscales bonaerenses, la procuradora María del Carmen Falbo, y el titular del RENAR, Andrés Meiszner, en un acto que se realizó en la sede del organismo provincial.
Quienes podrán acceder al banco de datos del RENAR serán los agentes fiscales y secretarios de las Unidades Funcionales Instrucción y de Juicio, establece el convenio. Podrán hacerlo en el marco de las investigaciones penales que tengan a su cargo para conocer datos respecto a armas secuestradas. Por otra parte, los mismos fiscales colaborarán con el registro aportando datos que surjan de sus expedientes y que sean útiles a los fines del RENAR.
El acceso que tendrán los fiscales será a través de internet mediante tecnología y equipamiento informático que proveerá la Procuración General de la Provincia. El convenio regirá por dos años con la posibilidad de ser renovado automáticamente.
El convenio tendrá una primera etapa de prueba piloto previa a su implementación definitiva en todas las fiscalías de la Provincia. Esa experiencia se hará en la fiscalía general de Quilmes, a cargo de Marcel Dragui, durante dos meses.
Fuentes de la Procuración General informaron que si la prueba piloto es exitosa, inmediatamente el sistema se extenderá a todas las fiscalías. Además, prevén dar capacitación en el uso del registro.
El convenio destaca que “el RENAR responde a diario innumerables requerimientos provenientes de Fiscalías integrantes del Ministerio Público”. Y agrega que “a través de la sanción de la Ley Nº 24.492 se dispuso que todo requerimiento judicial en materia de armas debería ser oficiado al RENAR”.
Esa ley de armas y explosivos, sancionada el 31 de mayo de 1995, prohíbe “la transmisión de todo tipo de armas de fuego, cualquiera fuese su clasificación, ya sea a título gratuito u oneroso, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario por medio de la credencial oficial y única otorgada por el Registro Nacional de Armas (RENAR)”.