En el marco de las denuncias efectuadas por la Defensa Pública Oficial ante la OEA sobre la violación del Estado argentino al derecho a la revisión de condena de un grupo de asistidos, la defensora Stella Maris Martínez se reunió con los miembros de la Comisión Interamericana para avanzar en una solución al tema y se acordó un nuevo encuentro para marzo de 2008, donde se estudiarán los avances alcanzados.
El encuentro se llevó a cabo en Washington y en el mismo, los representantes del Ministerio de Justicia y la Cancillería argentina dieron cuenta de las actividades desarrolladas dentro del cronograma de trabajo que se había propuesto en una reunión anterior celebrada en la ciudad de Asunción el 6 de setiembre pasado.
En lo relativo a la agenda legislativa, el Estado se comprometió a incorporar correctamente la obligatoriedad del otorgamiento del recurso para la revisión de condenas en el anteproyecto del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que ya está en manos del Ejecutivo. Esto, luego de una serie de carencias en el proyecto señaladas por el representante de CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), entidad que acompaña a la defensoría en la denuncia.
El otro punto importante señalado es la elaboración de una Ley Marco que contenga principios mínimos relativos al derecho al recurso, que sean aplicables en todas las jurisdicciones del país -nacional y provincial-. Para ello, el Estado ya mantuvo un encuentro con la Junta Federal de Cortes, como parte de una ronda de consultas que aún no ha concluido, y que tiene como objetivo final la realización de un seminario antes de fin de año para poder consensuar una propuesta por parte de los poderes judiciales de las provincias.
En cuanto a la agenda para los casos individuales, el Estado escuchó el reclamo formulado por el Ministerio Público de la Defensa, respecto a la inclusión de la anulación de los registros de antecedentes y/o anulación de las condenas, y afirmó que la reparación individual para aquellos condenados sin revisión de sentencia incluirá eliminar todos los efectos perjudiciales de las condenas.
Este proceso de solución amistosa que lleva adelante la CIDH fue instado por la Defensoría General en 2000, cuando efectuó los primeros reclamos al Estado argentino. Allí denunció el caso de tres personas, todas ellas condenadas por tribunales orales de la Capital, que se vieron impedidas de obtener una revisión integral de las sentencias dictadas en su contra, un derecho consagrado por la Convención Americana de Derechos Humanos.
A esas tres denuncias, se le sumaron en setiembre de este año otros 17 casos similares que fueron acumulados a la petición 828-01.
Más allá de su pedido en el orden internacional, desde la Defensoría destacan que en la sentencia del caso “Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple”, dictada el 20 de septiembre de 2005, la Corte Suprema llamó a los tribunales del país a variar el alcance tradicionalmente otorgado al recurso que habilita la revisión de las condenas. Y se destaca que en esa oportunidad Highton de Nolasco advirtió que el Poder Legislativo debía emprender la reforma del Código Procesal Penal a fin de no incurrir en responsabilidad internacional.
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