A poco tiempo de asumir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia porteña ya le impuso el primer desafío a Mauricio Macri en materia de salud pública: en el plazo de un año, la gestión del ingeniero tendrá que elaborar un plan y acondicionar el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano para garantizar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las internas.
Así lo dispuso Alejandra Petrella, a cargo del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 5 de la Ciudad, al hacer lugar a un amparo presentado por la diputada porteña María Acuña. En él había denunciado el estado deplorable del nosocomio, mencionando, entre otras cosas, que en todos los pabellones hay salas clausuradas utilizadas como depósitos, habitaciones superpobladas, cables de electricidad sueltos en lugares donde transitan las pacientes, sillas de ruedas rotas, baños en estado vejatorio, etc.
En función de ello, el Gobierno porteño deberá, en primer lugar, arbitrarse los medios presupuestarios para realizar la remodelación, cuyo plan de obras deberá ser presentado en un plazo de 30 días. Además, entre algunas de las acciones que deberá realizar, tendrá que incorporar el personal que sea necesario, proveer ropa de cama, adecuar la infraestructura del edificio y garantizar los servicios de luz y gas natural.
En la fundamentación del fallo, Petrella sostuvo que “de todo el proceso surge claramente que la salud mental no ha sido una prioridad del Estado”, porque la situación “actual del nosocomio denota una dejadez que se arrastra desde hace tiempo”.
De esta manera, indicó que las leyes vigentes poco avanzan si en la realidad no se cumplen. “Esto es lo que sucede en la Ciudad: existen numerosas leyes que trazan determinadas políticas que el Estado no cumple. En los casos particulares corresponde, por lo tanto, vigilar su aplicación por los respectivos tribunales”, dijo la jueza.
Además, explicó que “seguramente, como las mujeres que allí se alojan, no tienen voz, no conocen sus derechos y hasta algunas viven en su propio mundo, quizás algún inadvertido piense que no los tienen”. Pero aclaró que las enfermas del Hospital Moyano “tienen todos los derechos y es en este marco que se dicta la presente sentencia. Su principal derecho es el derecho a la dignidad, que es más fuerte aún que el derecho a la propia vida, como ya lo ha sostenido la jurisprudencia”.
Por otra parte, sobre la eventual abolición de la “política manicomial”, Petrella sostuvo que “aunque la desinstitucionalización es una parte importante de la reforma en materia de salud mental, no es sinónimo de deshospitalización. La primera es un proceso complejo que conduce al establecimiento de una red sólida de alternativas comunitarias”. Y aclaró que cerrar un hospital sin tales alternativas es sumamente peligroso para las pacientes y la sociedad.
“A la fecha, la ciudad no está preparada para poner en marcha tales opciones y por ende, la única alternativa viable en el caso de marras es poner en condiciones el Hospital Moyano como centro monovalente ya existente”, concluyó la jueza.
Actualmente, en el neuropsiquiátrico porteño hay una población de más de mil pacientes permanentes y otro tanto que realizan tratamientos ambulatorios. Por otra parte, es importante señalar que la salud mental se encuentra entre las primeras diez causas de discapacidad en el mundo, representando el 12% de ella.
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