“El proyecto de ley propuesto NO tiene por finalidad prohibir ni penalizar la prostitución sino, a través de prohibir el lugar donde sucede, erradicar una de las formas más disvaliosas de la explotación, como es la explotación sexual ajena, y perseguir para erradicar la trata y tráfico de personas”, explica la autora de la iniciativa, la diputada entrerriana Lucy Grimalt.
“Es decir lo que se intenta es impedir que la actividad de los proxenetas, de los traficantes y tratantes de personas y de los delincuentes que prostituyen y esclavizan a menores de edad pueda desarrollarse libremente como si estas actividades fueran provechosas para la sociedad”, puntualiza la legisladora
Por eso, junto a la imposibilidad de la instalación de casas de citas, la iniciativa también prohíbe las paginas de internet que ofrecen mujeres Para quienes violen esas normas se prevé la clausura inmediata del lugar y una multa equivalente al valor de cinco litros de nafta súper. El proyecto también prohíbe la publicidad que solicite mujeres para la prostitución, ya sea de manera directa o indirecta, por cualquier medio de comunicación.
“Quedan prohibidas en el territorio de la provincia las casas de tolerancia, prostíbulos, cabarets, whiskerías y en general todas las casas o locales que bajo cualquier forma o denominación, con acceso abierto o restringido, permitan que sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros, hayan aquellos prestado o no su consentimiento para ello”, propone textualmente el primer artículo del proyecto.
La Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito dependiente de la Secretaría de Justicia de la provincia será la encargada de controlar el cumplimiento de la ley, en caso de sancionarse. Entre otras funciones, la dirección creará el “Registro Provincial de Datos vinculados con el delito de trata de personas” que incluirá todo tipo de información considera útil para combatir la explotación sexual.
La iniciativa destaca que la trata de personas “afecta fundamentalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes” y señala que el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1949 y al que adhirió Argentina a través de la ley 15.768, y el artículo 127 del Código Penal de la Nación penan la esclavitud sexual de las personas.
El proyecto también cita un informe de diciembre de 2006 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que destaca que en la Argentina está considerada como un país de destino de personas con fines de explotación por su “legislación inadecuada, la ausencia de legislación específica, el escaso conocimiento de la magnitud y forma de funcionamiento de las redes de trata, y la carencia de datos que permitan evaluar adecuadamente la problemática”.
“Las víctimas son mujeres, mayoritariamente menores de edad, poco escolarizadas y muy pobres. Se han detectado numerosos casos de mujeres provenientes de Paraguay, que mayoritariamente ingresaron a la Argentina regularmente y por pasos habilitados. La captación mediante engaño fue detectada como la principal forma de reclutamiento”, explica el informe de la OIM.
La iniciativa se presentó mientras en la provincia se desarrolla el juicio oral por la desaparición de la joven entrerriana de 16 años Fernanda Aguirre quien fue secuestrada el 25 de julio de 2004 y a pesar que sus padres pagaron un rescate de 2.000 pesos la adolescente nunca apareció. Su madre sospecha que Fernanda fue entregada a una red de prostitución fuera del país.
“Es un hecho que las redes de tratantes de personas mantienen a las víctimas amenazadas con el fin de explotarlas. Si así no fuera la Justicia provincial y el Poder Ejecutivo no habrían dispuestos tantos recursos, esfuerzos, y personal, para investigar las denuncias de que la desaparecida María Fernanda Aguirre se encuentra presa de una red de prostitución. Si esta fuera una situación imposible en nuestra sociedad, no podría haber sido considerada con tanta seriedad por las máximas autoridades policiales y judiciales”, explica el proyecto.