“Es importante que los políticos se enteren que la incidencia que esos Pactos Regionales tienen dentro del sistema jurídico de los países, que no puede concebirse que se organicen y formulen, al margen de la profesión del abogado y sin darle al abogado la preeminencia o importancia que le compete”, sostiene Gutierrez.
Para el titular de la FIA uno de los errores respecto a la confección de los tratados fue “haber dejado la discusión y su ordenamiento en manos de economistas y funcionarios públicos”. Pero también destaca que los pactos de integración “han sido de mucha utilidad para ir logrando una mayor armonía entre las leyes de los distintos estados que conforman cada grupo regional”.
De visita en nuestro país hace tres semanas, Gutierrez participó en Córdoba de una reunión del Consejo de la FIA donde también se realizó el seminario “Necesidad de la Superación de las Asimetrías Jurídicas de las Organizaciones Regionales de América”.
“No tenemos que buscar simetrías por la simetría misma, pues situaciones diversas, culturales o sociales, requieren diversa legislación y diverso tratamiento”, sostuvo Gutierrez como una de las conclusiones más importantes que dejó el encuentro.
La FIA es una entidad que se fundó el 16 de mayo de 1940 y que está integrada por 37 colegios de abogados de toda América y de España y Holanda. Por Argentina están inscriptas siete entidades (los colegios de abogados de Córdoba, San Isidro, ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Etcheverry para la Investigación y Estudios Internacionales).
Gutierrez fue elegido presidente de la FIA en junio de este año. Especialista en derecho comercial, y con una Maestría en Derechos Comparado en la Universidad de Harvard, Gutierrez sostiene luego que hace algunos años los abogados “eran como los lideres natos de la sociedad”, el próximo desafío de la profesión “será el de convencer a la sociedad que la función que ejercemos es fundamental para nuestro desarrollo, el de todos, y que tenemos mucho que aportar sobre todo en aquello que yace como fundamento del desarrollo mismo, el Estado de Derecho”.
¿Cuáles son las asimetrías jurídicas más importantes que hay actualmente en América?
Tal vez lo más importante es que tenemos una tradición legal común, heredada de España, pasando por el Derecho Francés y remontándose al Derecho Romano. Tenemos pues más puntos de comunión que de diferencias, sobre todo en el área comercial y de contratos. En el seminario se hablo más que todo de los bloques de integración que existen en diversas regiones, Pacto Andino, Mercosur, etc. Se hablo también del peligro que las ideologías y sus órganos políticos presentan a los diferentes países; cuando se trata de imponer una ideología determinada, ya no estamos en el plano del derecho sino de intereses políticos que tratan de imponerse a los demás. Creo que ese es el peligro mas grave que estamos enfrentando. Sobre este particular menciono el reciente documento suscrito por el Papa Benedicto XVI (Enciclica “Spe Salvi”), el cual denuncia “la prepotencia de la ideología y de sus órganos políticos” que desconoce el bien común.
¿Las culturas y costumbres de cada país hacen que sea difícil adoptar una legislación lo más homogénea posible?
Nuestros países, cada uno con más o menos acierto fueron creando su propio sistema jurídico, como resultado de las propias exigencias de su vida nacional. Notamos fuertes tradiciones legales, por ejemplo, en Argentina y Chile, cuyos códigos, y también leyes posteriores, han servido de modelo a otros países menos desarrollados de las Américas. Ahora bien, los Pactos de Libre Comercio, o de integración, han sido de mucha utilidad para ir logrando una mayor armonía entre las leyes de los distintos estados que conforman cada grupo regional. Así por ejemplo con la aprobación del CAFTA (Tratado de Libre Comercio Centroamérica y Estados Unidos) los países de Centroamérica han tenido que reformar muchas de sus leyes, tanto laborales como mercantiles, a fin de adecuarlas a un nuevo régimen que exige las “simetrías” necesarias en un área de libre comercio. Algunas leyes, como por ejemplo la ley de protección a representantes de casa extranjeras (que en verdad creaban una especie de monopolio del producto en manos del representante local), han tenido que ser derogadas o sustancialmente reformadas para abrir el mercado a una contratación mas libre y sana.
¿Son esperanzadoras las conclusiones del seminario?
Quizás una de las afirmaciones más sensatas dentro del seminario es que no tenemos que buscar simetrías por la simetría misma, pues situaciones diversas, culturales o sociales, requieren diversa legislación y diverso tratamiento.
¿Este es un debate que se da en los Parlamentos de la región?
Los Parlamentos realmente están llamados a legislar sobre el territorio nacional y en la medida que estén movidos por el bien común, su debate estará a la altura de su función y sus decisiones serán sabias. Desde luego que entran a conocer sobre los Pactos Regionales cuando esas regulaciones deben ser aprobadas por los Parlamentos nacionales y de allí surge la necesidad de adecuar la legislación nacional al nuevo ordenamiento jurídico que requiera la región. Otras veces, como fue el caso de Costa Rica recientemente, el gobierno nacional decidió someter el CAFTA directamente al voto del pueblo en un plebiscito que el pueblo de Costa Rica acepto. Si el PARLACEN (Parlamento Centroamericano) fuera un organismo operante, le pudiera haber correspondido conocer a probar un tratado de libre comercio para la región; mas al no existir en la realidad una unión Centroamericana, el CAFTA es un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y cada uno de los países del área. Cuanto no habrá perdido Centroamérica por permanecer dividida y por no haber podido negociar un tratado tan importante como un solo bloque.
¿Pueden aportar algo concreto los abogados y los jueces a ese debate además de poner en el tema en agenda?
La lucha por la justicia y el derecho, y en ese orden, es de la esencia de la profesión de abogado y del diario oficio de los jueces. Cuando se discuten los tratados de libre comercio hemos cometido el error de haber dejado la discusión y su ordenamiento en manos de economistas y funcionarios públicos, cuyos intereses y agenda no gravita dentro de los principios del derecho, y pero aun hasta alejados de lo que es el sistema de derecho. Es importante que los políticos se enteren que la incidencia que esos Pactos Regionales tienen dentro del sistema jurídico de los países, que no puede concebirse que se organicen y formulen, al margen de la profesión del abogado y sin darle al abogado la preeminencia o importancia que le compete. Estos Pactos, que afectan a la sociedad en general, deben ser participativos e incluir, desde luego que a los abogados y también a otros sectores de la sociedad civil. De no hacerse así seguirán siendo feudos de burócratas, desconectados de nuestra realidad social y en particular del sistema legal en el cual inciden inmensamente.
¿Los bloques económicos como el MERCOSUR o el Pacto Andino puede dejar de ser sólo económicos para pasar a otras etapas de integración, por ejemplo en el aspecto jurídico?
En materia de comercio, nacional o internacional, la FIA promueve dos principios fundamentales: primero, que el establecimiento del Estado de Derecho es condición sine qua non del desarrollo; y segundo, que debemos promover el establecimiento de un sistema que facilite el libre intercambio de bienes, de ideas y de servicios, incluyendo los del abogado, para lograr el desarrollo y bienestar social. Cuando hablamos de promover y defender el Estado de Derecho nos referimos a la existencia de un sistema de autogobierno, de leyes justas e iguales para todos, de acceso a la justicia, de abogados y jueces competentes y estos últimos imparciales e independientes, donde se respeten los derechos humanos y el medio ambiente. El Estado de Derecho excluye toda tiranía, incluso de la ley, puesto que busca el bien común y la protección de los más débiles y marginados de la sociedad para integrarlos plenamente a la vida social, al bienestar y prosperidad. En definitiva se trata de la lucha por el ser humano, hombres, mujeres, niños, ancianos y discapacitados. Los Pactos deben estar encaminados a lograr ese bien común, el desarrollo integral del ser humano.
Cambiando de tema, ¿los abogados de distintas partes del mundo comparten los mismos problemas?
Parafraseando a aquel gran jurista uruguayo Eduardo Couture, nosotros los abogados estamos llamados a luchar por el derecho, pero cuando se presente un conflicto ente el derecho y la justicia, nuestra lucha será por la justicia. Y en última instancia nuestra lucha será siempre por la libertad, sin la cual no habrá ni derecho ni justicia.
¿Cuáles ve como los próximo desafíos y funciones que cumplirá la abogacía?
El abogado debe ser competente en su oficio e independiente en su ejercicio. El estudio del derecho, del asunto que se nos confié, será siempre la base de nuestra representación del cliente, a quien le debemos también lealtad. Mantenerse al día en los desarrollos del derecho y de la jurisprudencia, sin perder contacto con la realidad social donde nos corresponda ejercer nuestra profesión. Nuestra profesión es también una profesión liberal, el abogado es libre de tomar un caso o dejarlo (sin dejar al cliente indefenso), y libre también de toda fuerza externa que no pocas veces interfiere en el ejercicio profesional. En tiempos no muy antiguos los abogados eran como los lideres natos de la sociedad, presidentes, ministros, etc. y quizás por el avance de otras disciplinas técnicas, de otras ciencias, ha pasado como a un segundo plano. Nuestro desafió será el de convencer a la sociedad que la función que ejercemos es fundamental para nuestro desarrollo, el de todos, y que tenemos mucho que aportar sobre todo en aquello que yace como fundamento del desarrollo mismo, el Estado de Derecho.
Usted califica al abogado como ministro de Justicia y del derecho. ¿Por qué?
Las palabras, cuando se devalúan por su mal uso, pueden no ayudarnos a comprender la trascendencia de esa afirmación. En nuestros gobiernos han habido buenos y malos ministros, y las más veces nos quedamos con el recuerdo de lo que fue malo y del escándalo en que quizás se vieron envueltos. Pero ministro es el que sirve. Y así, el abogado esta al servicio del derecho y sobre todo de la justicia como instrumento necesario de la paz. Ayudar a un cliente a solucionar un problema o a un gobierno a resolver una disputa internacional, son esfuerzos por lograr la paz mediante mecanismos civilizados que requiere la convivencia social. Los abogados tienen, en cierto sentido, la llave del derecho y este a su vez norma la convivencia social, toda vez que se den los otros componentes de lo que llamamos el Estado de Derecho; y también en la vigencia de ese Estado de Derecho los abogados estamos llamados a iluminar el camino y a caminarlo hasta las ultimas consecuencias.