La propuesta de incorporar los tickets al salario, surgió del oficialismo, a cargo del diputado Héctor Recalde quien denunció recientemente, un intento de coima de empresarios para frenar su tratamiento.
En la Cámara de Diputados la norma fue aprobada la semana pasada, por 125 votos a favor y 8 en contra. En la Cámara de Senadores, se aprobó con los 71 legisladores presentes, es decir por unanimidad.
La ley dispone pasar a formar parte del salario, a lo largo de 20 meses (de a 10% de su valor por bimestre), los vales de almuerzo, tarjetas de transporte, vales alimentarios y canastas de alimentos otorgados por los empleadores a través de empresas habilitadas. Lo que esto significa, es que se prevé la incorporación al salario en un plazo de 20 meses, de los pagos que actualmente se realizan con tickets.
El proyecto expresa: “el porcentaje remanente deberá continuar abonándose, pudiendo conservar transitoriamente su carácter no remunerativo hasta su incorporación a la remuneración”.
Quienes defendieron el proyecto, sostienen que al formar parte del salario, el valor del ticket tiene todos los beneficios laborales y de la Seguridad Social (aguinaldo, vacaciones, horas extras, las eventuales indemnizaciones por accidentes de trabajo y por despido) que actualmente no poseen.
Sostienen además, que le otorga un gran beneficio al trabajador, ya que causa un mayor ingreso en su bolsillo, permitiéndoles tener más dinero en efectivo. Esto evita que los mismos, en caso de necesitar dinero líquido, tengan que recurrir a la venta de tickets teniendo que pagar una comisión extra a aquellas personas que lucran con esta dificultad.
Los comerciantes, por su parte, pasan a estar en un estado de igualdad frente al consumidor, al evitar la distinción entre aquellos comercios que por diversos motivos, no aceptaban los tickets.
Sectores opositores como la Unión Industrial Argentina, o la Cámara Argentina de Comercio (CAC), consideraban beneficioso el sistema de los tickets ya a que atenuaba el pago de cargas sociales.
Para el Estado, la norma implica un incremento de recaudación de 1300 millones de pesos, de los cuales más de 800 millones de pesos irán al ANSES y unos 360 millones de pesos a las obras sociales.