El conflicto surgió a raíz de una nueva cartografía marítima que Perú publicó recientemente y que modificaría unilateralmente los límites marítimos con Chile. Este último alega además que en el documento se incorporan al territorio peruano unos 35.000 kilómetros cuadrados que se encuentran actualmente bajo la soberanía chilena. Además, se mostró disgustado al sostener que los límites se habían establecido entre ambos países en los tratados de 1952 y 1954.
No obstante todo lo sostenido, Perú no considera que los acuerdos que hace referencia Chile sean tratados limítrofes, sino que los toma como documentos que regulan la actividad pesquera y por ello le solicitará al Tribunal Internacional que los defina.
García Beláunde sostiene que la frontera marítima con Chile debe determinarse mediante una línea media o equidistante a las costas de los países, y no por la paralela, que según cree, le resta territorio. Esa es la discusión que en un primer momento se intentó resolver bilateralmente, pero que ahora deberá dirimirse ante el Tribunal de La Haya que delimitará una frontera náutica común entre Chile y Perú.
Chile, disconforme con el nuevo mapa difundido por Lima, sostiene que la cartografía le saca un área de 61.600 km2 en el Océano Pacífico sobre los que ejerce su soberanía. Y agrega que al desplazar hacia el sur los límites marítimos peruanos, su costa norte se reduce.
Por otra parte, hace referencia al tratado de 1929 – firmado luego de la Guerra del Pacífico (1879-1883). Sin embargo, Perú argumenta que ese documento fija límites terrestres entre los países, pero no establece la frontera marítima.
La Corte Internacional de la Haya se pronunció recientemente en un fallo en el que se reconoció competencia para interferir en un diferendo similar, ocurrido entre Colombia y Nicaragua (discutían sobre su frontera marítima en el mar Caribe).
En aquél conflicto, Colombia aseguraba que La Haya no tenía competencia para intervenir, lo que también sostiene en el caso el gobierno chileno. No obstante, tanto, Chile como Perú suscribieron el Pacto de Bogotá, que obliga a los Estados adherentes a elevar sus diferencias fronterizas al Tribunal Internacional.
Según declaraciones de autoridades peruanas, la intención era elevar el reclamo en diciembre, pero por el fallecimiento de un abogado que integraba el equipo de los tres juristas que defenderían al país, debieron postergarlo. Será entonces en la segunda quincena de enero de 2008 y el equipo de letrados estará integrado por cuatro profesionales.