28 de Junio de 2024
Edición 6995 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/07/2024

Brevatas

No a las cárceles comunes | Nuevos edificios para la Justicia santafesina | Ley de Tickets | Neuquén: pedido de informes al Tribunal Superior | Nuevos imputados en el caso Febres

 
La Justicia cordobesa no aceptó enviar a los represores a cárceles comunes

La Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Córdoba rechazó un pedido para que represores detenidos por violaciones a los derechos humanos fueran trasladados a cárceles comunes. Así, los camaristas Ignacio Vélez, Humberto Aliaga y Gustavo Becerrar declararon "nulo por inaplicable" el pedido de la fiscal federal Graciela López, quien exigía que alrededor de 40 represores cumplieran sus condenas en penitenciarías comunes, al menos hasta que se diera a conocer la fecha del juicio. De esta manera, los convictos permanecerán en dependencias del Tercer Cuerpo de Ejército y de la Guardia de Infantería de la policía provincial.

Inauguraron dos nuevos juzgados y un edificio de tribunales en la Justicia de Santa Fe

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inauguró la semana pasada dos nuevos juzgados y la remodelación del edificio de tribunales de la localidad de Vera. Los nuevos juzgados son uno de menores en la ciudad de Rafaela y otro penal de sentencia en San Cristóbal. Ambos fueron puestos en marcha el jueves pasado en una ceremonia en la que juraron los nuevos magistrados a cargo de las dependencias: Fernando Gentile Bersano en San Cristóbal y María Alejandra Feraudo en Rafaela. En un comunicado, la Corte santafecina sostuvo que los nuevos juzgados “contribuyen a facilitar a la comunidad el acceso a la Justicia y a la descentralización de este servicio”. Esas dependencias se suman a la remodelación y restauración del edificio de los tribunales de Vera, inaugurado el martes pasado.

Entra en vigencia la ley que incorpora los tickets alimentarios a los salarios

El proyecto fue sancionado el 12 de diciembre y promulgado el 22. Establece el carácter remunerativo de los vales de comida, que se tendrá efecto en los salarios de manera escalonada y progresiva”. Es la ley 26.341, que fue publicada en el Boletín Oficial. Las sumas incorporadas a la remuneración del trabajador serán incrementadas "en un monto equivalente al que corresponda en concepto de aportes a cargo del trabajador". El artículo 5 de la Ley establece que el hecho de que los vales alimentarios sean ahora remunerativos "no podrá implicar para el trabajador una reducción del valor recibido en esas prestaciones hasta antes de la entrada en vigencia de esta normativa". La promulgación resulta de la modificación de las leyes 20.744 y 20.700.

Diputados neuquinos quieren explicaciones del Tribunal Superior La Legislatura de Neuquén elevó un pedido de informes al Tribunal Superior de Justicia de la provincia para conocer el estado en que se encuentran las construcciones de los edificios judiciales de las ciudades de Zapala y Chos Malal, donde actualmente las condiciones de trabajo fueron denunciadas por ser deficientes. Además, el pedido de explicaciones se debe a que en el caso de Chos Malal el proyecto data del año 2000, en tanto que lo de Zapala se trata de una necesidad de hace más de treinta años y que ha sido un permanente reclamo por parte del Colegio de Abogados de la ciudad. Ambos proyectos tienen por objetivo edificar los inmuebles para optimizar el distrito judicial de cada una de las zonas y evitarle al Poder Judicial erogaciones en concepto de alquileres de inmuebles. Desde Zapala, aseguran que los empleados y funcionarios judiciales cumplen funciones en condiciones inadecuadas de hacinamiento, lo que resiente el normal desenvolvimiento del servicio de justicia. La iniciativa para solicitar el pedido de informes fue de siete diputados del bloque de la Concertación Neuquina para la Victoria: Tomás Benitez; Marcelo Inaudi; Luis Gastón Contardi; Yenny Fonfach; Juan Oltolina; José Luis Sáez y María Cecilia Bianchi.

Más prefectos involucrados

Ya son siete los prefectos involucrados en el caso Febres. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, imputó a otros cinco militares por diversas irregularidades en las condiciones de detención del fallecido represor. A raíz de la investigación, se comprobaron que no eran registradas ciertas visitas que el ex represor recibía. A tres de los nuevos implicados se les tomó indagatoria el pasado viernes, y en el caso de los otros dos, la indagatoria tendrá lugar luego de la Navidad. Ninguno de ellos está detenido. Los otros dos involucrados son Rubén Iglesias, ex jefe de la Zona Delta de Prefectura, y Ángel Volpi, encargado directo de la custodia de Héctor Febres. En ambos casos están acusados de homicidio.



dju / dju
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