Entre los casos más recordados está el "Mercedes" de Susana Giménez y la "Pathfinder" de Ricardo Darín. Ambos vehículos resultaron rematados en favor de la Aduana y la situación procesal de ellos -si bien al principio fueron imputados como autores de contrabando- quedó bajo una calificación menor al haberse comprobado que fueron adquirentes de esas unidades una vez que ya habían pasado por el trámite de "nacionalización" ante la Aduana.
Distinta fue la suerte de quienes se los vendieron, que resultaron condenados.
En una remake de aquel episodio, aunque a diferencia de la otra época, ahora la importación de autos es absolutamente legal, la Cancillería denunció este lunes ante la Justicia el ingreso de automóviles a nuestro país que estarían destinados a uso diplomático pero que luego irían a manos de particulares. Esos vehículos tendrían una valuación en el segmento de los 100 mil dólares.
La denuncia fue presentada luego que el canciller Jorge Taiana, concluyera una auditoría que se había ordenado con anterioridad y por la cual se descubrieron irregularidades en el otorgamiento de franquicias para esos vehículos.
La Dirección de Franquicias, patentes e IVA, donde se habrían cometido las irregularidades, fue intervenida y su titular, Jorge Matas, desplazado del cargo. Según informó el subsecretario de Cooperación Internacional, Rodolfo Ojea Quintana, la Cancillería presentó este lunes "ante la justicia penal (federal) las actuaciones administrativas resultantes de una auditoria interna".
El funcionario además informó que "se inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas, legales, disciplinarias y patrimoniales que pudieran corresponder". La denuncia quedó radicada ante el juez federal Norberto Oyarbide.
Hecha la ley, hecha la trampa
Diariojudicial.com publicó en el 2001 una noticia bajo ese título. En la noticia se daba cuenta de la condena (luego confirmada por la Cámara y la Corte) que recayera sobre Gustavo Steinberg, hijo de "Cacho" Steinberg, personaje paradigmático de aquella época de autos importados en poder de "ricos y famosos".
El fallo referido en esa nota, ofrecía una interpretación posible acerca de cómo los negocios son más redituables cuando se elude una prohibición fijada por el Estado. Así, el fallo del juez Marcelo Aguinsky afirmaba: “A partir de la maquinación esbozada, el ingreso contó con los beneficios del régimen impuesto para discapacitados. Ello implica que las acciones achacadas lograron un tratamiento aduanero distinto ( más favorable) al correspondiente. Si ese fue el resultado, encuentro certeza en afirmar que tal fue el objetivo del accionar de los imputados. Esa finalidad es la que habilita la calificación legal del 864 inc. b del CA”.
“Gustavo Steinberg sabía que no podía ingresar el rodado para luego comercializarlo en favor de un cliente no discapacitado. De lo contrario, habría efectuado la importación por los canales normales con mucho menor esfuerzo. La mera utilización de otra persona para hacerlo - más allá de los ribetes o ropajes que se le intenten dar a la operatoria-, denota una irregularidad de tal envergadura que torna estimación certera que éste supiera la contrariedad del acto con el derecho. Máxime cuando se trata de una persona que se dedica a la actividad de compra y venta de automóviles”.
“Cierto es que este tipo de transacciones contaba con visos de legitimidad social alentados por el propio interés de aquellos clientes (de los segmentos de más alto consumo del mercado) que aspiraban a poseer un auto con las mayores prestaciones. Pero, no obstante ello, tales atisbos de justificación deben ser descartados en el análisis de la conducta desplegada por los imputados. Gustavo Steinberg, en un mercado altamente competitivo como lo es la venta de automóviles, es difícil que no pudiera advertir que tanto Auto Haus -de la que era su Presidente- junto a otro puñado de operadores del sector, no tuviera una competencia sustancial en el mercado de comercialización de autos importados. A mi entender no hay dudas que "al menos se sabía" que esta práctica comercial estaba sustentada en un manejo ardidoso de condiciones de privilegio que el Estado había dispuesto conceder a personas discapcitadas -como en este caso-”.
El juez concluía su reflexión, afirmando que “desarrollado el análisis específico de las contingencias jurídicas en torno al objeto procesal, resulta apropiado destacar que este tipo de hechos quizá constituya el testimonio paradigmático de aquel mercado económico apoyado en un sistema de regulaciones y prohibiciones que -entre otras cosas - posibilitó la consagración del axioma hecha la ley, hecha la trampa".