El alto tribunal, en su pronunciamiento, advirtió que los planteos en ese sentido tienen carácter "meramente conjetural" ya que el expediente aún no fue remitido por Bagnasco, cuya actuación en la causa no ha sido "obstaculizada".
El ministro de Feria y vicepresidente de la Corte Eduardo Moliné O´Connor aprovechó la resolución para salir al cruce de las versiones en contrario surgidas a partir de la decisión del Secretario Penal del Alto Tribunal, Esteban Canevari, quien solicitó el 14 de julio el expediente de la causa que tramita Bagnasco para resolver en una cuestión de "competencia positiva", planteada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
La contienda de competencia se planteó en torno a la causa 10.326/96 "Nicolaides, Cristino y otros s/sustracción de menores".
La situación generada en torno a este incidente --cuando la mayoría de los miembros de la Corte se encuentran del vacaciones--, sumada a la resolución del alto tribunal respecto de los llamados "Juicios por la Verdad", llegaron ayer a su punto culminante cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le expresó su "preocupación" al presidente de la Nación, Fernando De la Rúa.
La CIDH planteó su "preocupación frente a la posibilidad de que, causas en curso relativas al derecho a la verdad vayan a ser sustraídas de la competencia de la Justicia Federal y que las causas en trámite ante juzgados federales de primera instancia relativas a la sustracción de menores, puedan ser transferidas a la Justicia Militar", expresó el organismo internacional.
Al rechazar el pedido de habilitación de la Feria reclamado por Elsa Beatriz Pavón de Grispon, Moliné O´Connor advirtió que "la inferencia de que la solicitud de los autos pueda causar una demora sine die --generadora de una efectiva privación de Justicia-- porque la Corte no tiene plazos para pronunciarse, configura una conclusión inadmisible, no sólo por su carácter meramente conjetural, sino porque se emite cuando las actuaciones ni siquiera han llegado al tribunal ni se ha obstaculizado en modo alguno el accionar del juez".
Asimismo, advierte que "conforme el artículo 49, inciso a, del Código Procesal Penal, el juez federal interviniente debería continuar con la instrucción mientras se sustancia la contienda de competencia ante este tribunal".
Por ese motivo, Moliné concluyó que "aparece manifiesto que los hechos invocados por la querellante Pavón de Grispon para justificar la privación de justicia alegada resultan inexistentes".