El juez federal Norberto Oyarbide a cargo de la investigación por "asociación ilícita" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en la causa por presuntas irregularidades en franquicias de autos diplomáticos, citó a indagatoria a cinco funcionarios de la Cancillería. Se trata de Marcelo Pujo, actual director ceremonial, Roberto Zárate Barrios, Marisol Rodríguez, María Cristina Santander y el gestor Pablo Rodríguez. La ronda de declaraciones comenzaría entonces el próximo 25 de marzo, mientras que el turno del desplazado funcionario Jorge Matas se postegró hasta el 1 de abril.
Confirman una cautelar que prohíbe la construcción de una torre en Caballito
El juez en lo Contencioso y Administrativo porteño, Osvaldo Otheguy, confirmó una medida cautelar que había firmado a fines de 2007 y que impide la construcción de un edificio en el pasaje Portugal del barrio de Caballito. En la resolución que rechaza un recurso de reposición presentado por la empresa constructora, Otheguy volvió a expresar que “al carecer de normas que regulen expresamente a los pasajes y someterlos a la normativa general, se desconocen las características particulares alterando y degradando la morfología del lugar, provocando un desequilibrio en el medio ambiente y la afectación del patrimonio cultural del barrio”. Además, el magistrado indicó que corresponde el rechazo del recurso “en la medida en que los actores no acuden a esta instancia en procura de protección de su propio interés, sino en defensa de un derecho de incidencia colectiva cuya titularidad corresponde a toda persona o habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual la evaluación de la relación entre los intereses en juego”. FALLO COMPLETO
Juicio por apropiación de menores durante la dictadura militar
Este martes se escucharán los alegatos de la querella que reclamará duras penas para los tres acusados de la sustracción y cambio de identidad de una hija de desaparecidos, nacida en cautiverio en 1977. El juicio se lleva a cabo contra el capitán de Ejército Enrique Berthier y la ex pareja integrada por Osvaldo Rivas y Cristina Gómez Pinto acusados del robo de la beba que en el 2001 recuperó su identidad y querelló a sus apropiadores. Según el cronograma el miércoles será el turno de la Fiscalía, a cargo de Félix Croux y el martes 25 y miércoles 26 de marzo de las defensas. La sentencia se espera para el 4 de abril.
Postergaciones en Causa IBM-Banco Nación
El juicio oral previsto para el próximo 11 de marzo en el marco de la causa que investiga el pago de coimas entre IBM y Banco Nación, fue postergado hasta tanto se le entreguen al TOF 3 los resultados de las pericias contables por él ordenadas. La causa que lleva más de 14 años tendrá su debate ante los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Oscar Hergott aunque todavía no se sabe la fecha cierta en que ocurrirá. Se originó en 1994 cuando se detectó un presunto pago de de 21 millones de dólares en coimas para informatizar 525 sucursales del Banco Nación, en el marco del "Proyecto Centenario". Fue elevada a juicio por el entonces juez federal Guillermo Montenegro en el 2004 y en ese mismo año la Corte Suprema rechazó luego un pedido de la defensa de los imputados para declarar prescripta la causa, en cambio le ordenó al TOF 3 seguir adelante con el proceso oral.
Entre la cordura y la locura
La jueza María Fontbona de Pombo intimó al cuerpo médico forense a que defina si Martín Ríos, conocido como “el tirador de Belgrano”, es o no imputable. El involucrado, fue procesado por el delito de homicidio agravado por placer. El informe deberá ser presentado a fines de esta semana, luego de que la magistrada haya establecido un plazo de diez días para su elaboración. Mediante éste se intentará establecer si el acusado, que actualmente se encuentra internado en el hospital Borda, está en condiciones psíquicas de afrontar un proceso penal. En el hecho, ocurrido a mediados del 2006, murió un joven y seis personas resultaron heridas.
Avanza la causa que investiga la masacre de Trelew
El juez federal Hugo Sastre, ordenó el procesamiento con prisión preventiva contra los involucrados en la masacre de Trelew. Esta medida recayó sobre Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como presuntos autores materiales y en calidad de participes necesarios al contraalmirante Horacio Mayorga y Rubén Paccagnini. En la disposición, también se ordenó embargos millonarios contra los bienes de los mismos. El fin de semana se conoció que el único represor fugitivo, el ex teniente de navío Guillermo Bravo, dirige una compañía que brinda servicios médicos a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sobre él pesa una orden de captura internacional por su posible responsabilidad de los asesinatos de 16 militantes en la base Almirante Zar, en 1972.