La medida de fuerza, que se inició el 13 de marzo, fue convocada por cuatro agrupaciones que reúnen a unos 290.000 productores agrarios.
La tensión se incrementó en las rutas desde el pasado domingo, cuando el sindicato de camioneros, en aparente apoyo al Gobierno, movilizó a sus miembros hacia varios cruces de rutas con el propósito de impedir los bloqueos. Aquí surge el primer interrogante: Si se trató de una contra ofensiva del Estado para restarle intensidad al levantamiento del campo, ¿se estaría transformando al gremio en una suerte de fuerza “parapolicial” de dudosa legalidad?
Los productores continuaron con los cortes que afectaron sobre todo a las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que son las que concentran la mayor producción agropecuaria del país.
En algunos casos los manifestantes permitieron el paso de vehículos particulares y micros, pero impidieron el de todo tipo de camiones, lo que llevó a los choferes a enfrentarse con los huelguistas.
El dilema aquí planteado es si no se estaría vulnerando el derecho a la libre circulación establecido constitucionalmente, ¿es legal la medida de fuerza con estos niveles de afectación a terceros? Esta metodología se instaló en la realidad argentina y cada vez es más habitual. El conflicto por las papeleras lo puso de manifiesto en la Corte de La Haya y aún no hay solución a la vista.
Los medios de comunicación califican a la protesta del campo de "lock out", que no es otra cosa que la contracara del derecho de huelga. Es la medida por la cual los dadores de trabajo se exceptúan de su obligación contractual de dar o recibir empleo, negándose también al pago del mismo como medio de presión para obtener el reconocimiento de sus derechos.
El lock-out no tiene una protección jurídica específica, por lo que se podría emplear la misma disposición que para las huelgas, las cuales reuniendo ciertos requisitos, pueden declararse ilegales. Si así fuera, ¿cabría la figura de la conciliación obligatoria para destrabar el conflicto?
Son varias las preguntas que dispara la disputa porque están en juego los derechos de los productores, el abastecimiento nacional de alimentos, el derecho a la libre circulación y la potestad del Gobierno para imponer medidas impositivas.
En este último sentido, cabría analizar si es factible la aplicación de la ley 20.686, llamada "de abastecimiento", que faculta a fijar precios mínimos de sostén y máximos de comercialización.
En cuanto a las exportaciones, la disposición permite acordar subsidios, reducir aranceles y prohibir o limitar la exportación si las circunstancias lo hicieran necesario. Las penalizaciones allí contempladas incluyen graves multas, además de detenciones que van de 48 horas a 90 días y hasta la posibilidad de una condena en prisión de entre seis meses y cuatro años, atendiendo a la gravedad de los hechos.
El artículo 2, inciso g de la ley, especifica que para asegurar el abastecimiento el Gobierno puede "intervenir temporariamente, para su uso, explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras; establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte".
Esta disposición fue la que utilizada en abril del 2006 para frenar los aumentos de los precios de la carne y a mediados del mismo año, con el objetivo de que las petroleras garantizaran el abastecimiento de gasoil. Posteriormente, Shell fue sancionada con varias multas multimillonaria en base a esta normativa, tema que aún se encuentra en sede judicial.
Mientras, la disputa sobre la aplicación de las retenciones también genera polémica, dado que algunos entienden que el Estado estaría abusando de su facultad para intervenir en las relaciones comerciales. ¿El Poder Ejecutivo elevará la apuesta? Podría llegar al decomiso de alimentos, la detención de los líderes de la protesta y a la liberación forzosa de las rutas mediante las fuerzas de seguridad.
Paralelamente, tres gobernadores del PJ de las provincias de Chaco, Córdoba y Entre Ríos comenzaron contactos reservados con dirigentes agropecuarios para intentar destrabar la crítica situación. No obstante, en el día de ayer, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, manifestó que el Gobierno "no está dispuesto a ceder las decisiones políticas a nadie" y remarcó que "más que con los gobernadores, es el Gobierno Nacional con quien van a tener que hablar oportunamente las entidades agropecuarias".
Como consecuencia de este conflicto, el país entero está al borde de sufrir el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Mientras empresarios minoristas advirtieron sobre la delicada circunstancia en los grandes centros urbanos, la falta de lácteos y carnes ya empieza a ser una realidad en algunas provincias como Formosa y Catamarca.
La aplicación concreta de la Ley de Abastecimiento: las armas de Moreno
Tres inspectores de la Secretaría de Comercio, llegaron al Establecimiento Las Marías, en Brandsen, provincia de Buenos Aires. Labraron un acta intimando al dueño de la empresa a que normalice la entrega de hacienda en un plazo de 24 horas. De no hacerlose aplicarían las sanciones fijadas por la Ley de Abastecimiento y la de Lealtad Comercial. Otras dos firmas del sector fueron conminadas por la Secretaría de Comercio Interior a entregar ganado para ser faenado. La respuesta de los dueños de los "feed lots" fue que los piquetes y los cortes de ruta impiden el traslado de la hacienda.