La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, recibió hoy un pedido de "no innovar" en relación a la situación del campo. La intención es retrotraer la situación al 10 de marzo pasado, cuando aún no se había anunciado el aumentado de las retenciones. La presentación califica de "inconstitucional" y "confiscatoria" la alícuota de las retenciones dispuestas por el Gobierno a las exportaciones de ciertos productos. La magistrada dispuso que la entidad denunciante, la Asociación de Dirigentes de Empresa, acompañe documentación suplementaria de la denuncia y le requirió opinión a la fiscalía que entiende en el expediente, luego de lo cual deberá resolver si hace o no lugar al pedido. Por otra parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal recibió una denuncia contra los productores que llevan adelante el paro, en la que se los acusa del delito de extorsión.
Respaldo al Gobierno en su disputa con el agro
El gremio de los empleados judiciales de la Nación respaldó al Gobierno en el conflicto que mantiene con el campo por las retenciones. La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) sostuvo que “la leche derramada no será perdonada”. Lo hizo a través de panfletos arrojados este miércoles en los pasillos del Palacio de Tribunales de la Capital Federal. El titular de la UEJN, Julio Piumato, es un aliado del titular de la CGT Huyo Moyano y secretario de Derechos Humanos de la organización sindical, cuyo gremio de camioneros intentó este fin de semana levantar un corte de ruta que mantenían los productores del agro en Entre Ríos.
El Consejo repudió un comunicado del Colegio de Abogados de la Ciudad
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó la actuación del juez federal Hugo Sastre en el marco de la causa que investiga la “Masacre de Trelew”. La Asociación porteña se manifestó en contra de que se involucre a un miembro de la institución en los hechos ocurridos en 1972 y reclamaron porque el único argumento considerado para tomar tal medida fue su vinculación al Gobierno Nacional de esa época.
El consejero diputado Carlos Kunkel propuso el tema ante el plenario del Consejo de la Magistratura y pidió exhortar a los miembros y autoridades de la institución de letrados a “respetar la independencia de los magistrados” y a “utilizar los mecanismos institucionales previstos en la Constitución para manifestar su disconformidad con las sentencias judiciales”. Los consejeros decidieron pasar el tema a comisión para analizar un posible pronunciamiento formal del cuerpo, aunque ya adelantaron su repudio al polémico comunicado. El escrito firmado por el presidente del Colegio porteño, Enrique del Carril, emitió que “lo más grave es que los jueces estén utilizando el proceso penal como una herramienta de venganza y revisionismo histórico”. Al respecto, el consejero Marcelo Fuentes sostuvo que “esto es una presión para ocultar el pasado y mantener la impunidad”.
El ex ministro de Economía responde
El ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, contestó las acusaciones formales que lo implicaban en la muerte del ex titular del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Juan Carlos Casariego de Bel, desaparecido el 15 de junio de 1977. En una carta de lectores a un medio gráfico, expresó su indignación al pedido de detención impulsado por el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, por el delito de homicidio calificado y asociación ilícita. A su vez, señaló que se trata de "una acusación patéticamente falsa" y que se intenta utilizar su persona "como una ´cortina de humo”. Agregó por último que existen “resentimientos, enfrentamiento y prepotencia" entre los argentinos y que éstos son promovidos por el Gobierno.
Renovó su licencia y sigue en el Tribunal Penal Internacional
El Consejo de la Magistratura decidió en el plenario de este jueves otorgarle un año más de licencia al juez de la Cámara de Casación Penal Pedro David para que pueda seguir integrando como magistrado ad litem, el Tribunal Penal Internacional (TPI). Se trata del órgano que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Yugoslavia desde 1991. David, miembro de la sala II del Máximo Tribunal penal de Argentina, fue designado a fines de 2005 por la ONU, para formar parte del cuerpo con sede en La Haya.