La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra los jueces federales de todo el país reprochándoles “inacción” ante el paro de 21 días que llevaron adelante los productores agrarios en rechazo al aumento de las retenciones. Para el gremio, durante ese lock out patronal se produjeron “múltiples delitos” y “no hubo un solo juez federal de la Nación que decidiera cumplir fielmente con el mandato que la Constitución Nacional le ha otorgado, y en resguardo y garantía de los derechos de la población, ordenara el estricto cumplimiento de las leyes penales vigentes”. Ante ello, la UEJN solicita al Consejo que se informe sobre las actuaciones labradas por los jueces federales durante el paro agropecuario, las medidas que en su caso se tomaron en defensa de los derechos de los ciudadanos y que se labren actuaciones contra aquellos magistrados que incurrieron en “graves “olvidos” en hacer cumplir la ley y las disposiciones constitucionales vigentes”.
70 millones de pesos del presupuesto nacional para informatizar la Corte Suprema
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, firmó este martes, en nombre de los llamados superpoderes, la Decisión Administrativa (DA) 84/08, que altera el presupuesto nacional y destina 70 millones de pesos al proyecto que planea la informatización de la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue avalada también bajo la firma del ministro de Economía, Martín Lousteau. De la reasignación, $ 50 millones de pesos se emplearán para el hardware del sistema de computación y los 20 millones restantes, para la compra de programas de software, según lo indica el anexo de la nueva norma.
Para financiar el proyecto se disminuirán las Aplicaciones Financieras vigentes y se asignarán a las innovaciones en el Máximo Tribunal. Los llamados a licitación y las fechas en las que se irá instalando el nuevo sistema ya se pueden observar en la página web del Tribunal. El proyecto de informatización fue anunciado por la Corte a mediados de febrero pasado, en el marco de la apertura del año judicial.
Discusión abierta
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para el año 2008, cinco audiencias públicas sobre casos de relevancia institucional. Entre los mismos se encuentran temáticas vinculadas con la libertad de prensa, las facultades de la AFIP, la protección de la privacidad y los servicios de inteligencia, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y los requisitos para el otorgamiento de la ciudadanía argentina. La decisión se tomó con el objetivo de “elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho vigente en la República”.
La justicia riojana ordenó subastar los bienes del quebrado grupo Yoma
La Cámara Civil Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de La Rioja ordenó el remate de los “bienes e inmuebles” del grupo empresario Yoma, actualmente en proceso judicial de quiebra, para el próximo 25 de abril en la sede del Banco Ciudad de Buenos Aires. Se subastarán 13 bienes que se encuentran repartidos entre las provincias de La Rioja, Córdoba, Catamarca, Buenos Aires y La Pampa. Por otro lado, los hermanos Yoma, quines dirigían la ex curtiembre Yoma junto con los ex administradores del grupo, deberán presentarse en la Justicia Federal de La Rioja para declarar en el juicio que les inició la AFIP por "aprovechamiento indebido de subsidios tributarios". La empresa fue acusada de no haber completado los expedientes como se debía frente al uso de los reintegros del IVA por exportaciones, lo que implica la violación de los artículos 3 y 5 de la ley Penal Tributaria. La pena sería de tres a nueve años de prisión más la pérdida de beneficios por diez años. El reclamo al grupo Yoma supera el millón de pesos, aunque esta cifra aún no fue actualizada.
Libertad concedida para el brigadier mayor Ezequiel Martínez
En el marco de la causa por la Masacre de Trelew, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre ordenó este martes la “inmediata libertad” al brigadier mayor (re), Ezequiel Martínez, por “falta de mérito”. El imputado por el fusilamiento de 16 militantes de izquierda durante una simulación de fuga en el penal donde se encontraban detenidos en 1972, fue indagado durante dos horas en las que negó todos los cargos de los que se lo acusaba. Con el patrocinio de la defensora oficial, Mirta Seniow de Gando, señaló que si bien en aquel año se desempeñaba como secretario de gobierno del presidente de facto Agustín Lanusse, tal rol no le permitía tomar decisiones. El magistrado llegó desde Rawson, acompañado del fiscal federal Fernando Gelves, al Palacio de Tribunales, donde continuarán tomando indagatorias en el marco de la causa.
Mentiras al descubierto
La docente María Angélica Godoy, que intentó hacerse pasar por la hija del estanciero José Reggiardo con el objetivo de cobrar una millonaria herencia, deberá pasar cuatro años en prisión. El abogado que la representó fue condenado a una pena de 4 años y seis meses y al escribano involucrado en la fraudulenta maniobra, se le impuso una pena de 4 años y 4 meses de cárcel. Los miembros de la Cámara del Crimen de Gualeguay sostuvieron que los tres incurrieron en el delito de estafa y de falsificación de documento, con la intención de obtener los 35 millones de dólares del patrimonio del estanciero, el que falleció en julio de 1998 mientras piloteaba un helicóptero. El hijo natural del acaudalado difunto, pasaría a ser su único heredero, aunque la concubina del terrateniente reclama parte de al herencia.
El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires repudia agresiones a funcionarios judiciales
El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires repudió las agresiones que en los últimos días sufrieron funcionarios judiciales en distintas localidades provinciales. La institución citó los casos ocurridos recientemente en la Unidad Funcional de Investigaciones de la Fiscalía Descentralizada de Boulogne y con funcionarios judiciales de Tres Arroyos y Santa Teresita, para los cuales impuso un “enérgico repudio”. “Actitudes de ésta naturaleza conspiran contra un principio fundamental cuya inobservancia compromete asimismo la estabilidad de nuestras instituciones y, por ende, la propia estructura jurídica del Estado”, expresó la Mesa Directiva del Consejo Superior del Colegio a través de un comunicado.