La semana pasada Sotelo y cinco fiscales de la primera circunscripción judicial recibieron a un grupo de empresarios provinciales quienes le expresaron su preocupación por la inseguridad y la falta de respuestas ante el delito.
Representantes de la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Federación Corrientes (FECORR) y la Asociación de Producción, Industria y Comercio (APICC) pidieron una reunión con representantes del Ministerio Público Fiscal para conocer cómo se trabaja entre los fiscales y la Policía.
“Les explicamos que nosotros estamos para trabajar en lo posterior al hecho delictivo”, le dijo a Diariojudicial.com el fiscal general, Céscar Sotelo. El magistrado también sostuvo que hay otros inconvenientes que impiden un buen trabajo.
Uno de ellos es la falta de un sistema acusatorio, que aunque es más caro agiliza de sobremanera los procesos judiciales, explicó Sotelo. Recientemente la Legislatura de Corrientes desestimó un proyecto de reforma al Código Procesal Penal que proponía instaurar la acusación.
El Fiscal General citó otros dos problemas que atraviesa la seguridad. Uno es la tímida aplicación de la ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que impide el trabajo sobre la reincidencia delictiva en los menores de edad. Y el otro es la política de traslado continuo de comisarios que impide madurar una relación con los fiscales que coordinen en conjunto un trabajo a largo plazo.
Pero la peor situación se vive sobre la relación que une a los dos poderes. Sotelo explicó que pidió una reunión con el gobernador, el radical K, Arturo Colombi, y nunca le respondió. Lo mismo les paso a los empresarios que solicitaron un pedido de reunión con el Poder Ejecutivo pero no recibieron contestación.
Fiscales y empresarios quedaron en una nueva reunión en la que las cámaras llevarán propuestas concretas de cambios. El encuentro podría realizarse entre esta y la próxima semana, estimó Sotelo.