Cerca de veinte representantes de distintos organismos defensores de los Derechos Humanos se presentaron en el segundo piso de la sede de los tribunales federales de Comodoro Py 2.002, para formular el reclamo, en 130 casos de personas desaparecidas durante el régimen, en el marco del conflicto en torno a los planteos efectuados por militares que se niegan a declarar como testigos en estas causas, por temor a “autoincriminarse”.
. Carmen Lapacó, cuya hija Alejandra desapareció en 1977, señaló que las "causas penales no van a pasar a la justicia militar" porque ellos se van a "oponer" y también "el pueblo" que los "acompaña".
Los familiares, amigos y víctimas del terrorismo de Estado presentaron ante la Cámara Federal solicitudes de investigación acerca de lo ocurrido con sus seres queridos durante la dictadura.
Los pedidos se fundaron en el derecho inalienable de las personas y las sociedades a conocer plenamente su pasado, y se basan en las obligaciones constitucionales y de derecho internacional.
A través de estas presentaciones los familiares pretenden expresar su apoyo a las investigaciones que llevan adelante las Cámaras Federales y reafirmar su competencia frente a la pretensión militar de quitarle estos juicios por derecho a la verdad.
Los organismos de Derechos Humanos que promueven esta convocatoria, aclaran que no es necesario que un abogado firme las presentaciones y que incluso pueden ser manuscritas. Además, hicieron llegar a los interesados, un modelo escrito.
La convocatoria a la formación de “una larga fila intenta evocar a la producida con motivo de la visita de la CIDH en 1979, cuando en plena dictadura miles de familiares de detenidos desaparecidos, se movilizaron a Avenida de Mayo frente a la sede porteña de la CIDH para denunciar frente a la Comisión la desaparición de sus familiares”.
Por otra parte, Nora Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, presentó hoy en Madrid ante el juez español Baltasar Garzón una querella criminal contra cinco militares argentinos por el secuestro y desaparición de su hijo durante la última dictadura castrense (1976-83).
Cortiñas reclamó a Garzón que impute al ex teniente general del Ejército Jorge Rafael Videla y al ex almirante de la Armada Eduardo Emilio Massera como presuntos responsables de la desaparición de Carlos Gustavo Cortiñas, secuestrado el 15 de abril de 1977 en Buenos Aires.
La querella se dirige también contra el entonces ministro del Interior, ex general de división Albano Harguindeguy, el general de división Carlos Guillermo Suárez Mason, y el ex brigadier de la Fuerza Áerea Hipólito Rafael Mariani.
A la salida de su comparecencia ante Garzón, instructor de una causa por genocidio contra los responsables del último régimen militar argentino, Cortiñas recordó que entregó a Garzón en febrero de 1998 una lista de 90 militares para que se investigara si tenían cuentas en Suiza con dinero robado a los desaparecidos.