La Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a tratar dos proyectos destinados a hacer cambios en el proceso contencioso: por un lado, se estudia la incorporación de la recusación de los jueces sin expresión de causa,y por otro, se analiza una nueva regulación para el dictado de medidas cautelares que afecten la administración del Gobierno porteño.
El primero de los proyectos fue puesto en la agenda por el diputado del PRO Martín Borrelli, que pretende que se sume al Código Contencioso y Administrativo porteño, a través del artículo 26 bis, la posibilidad de que las partes puedan pedir el apartamiento del juez sin dar a conocer razón alguna.
De esta manera, se busca asimilar el proceso contencioso local al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que prevé la recusación sin causa de los magistrados en la primera intervención de las partes en el proceso. Hasta el momento, la normativa porteña solo establece que los jueces podrán ser recusados si se acreditan algunas de las causales previstas en el artículo 11 de la
ley 189.
Al fundamentar la propuesta, Borrelli sostuvo que “muchas veces la parte o su letrado puede suponer que explicitar las razones que pudiera tener, no hace sino malquistar en mayor grado la voluntad de los jueces y/o faltar innecesariamente al decoro”.
Finalmente, cabe señalar que la declaración de apartamiento del juez no implica que la causa quedará en manos del que siga en el turno, sino que se realizará un nuevo sorteo. “El sistema así propuesto se aparta del existente actualmente en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, garantizándose una mayor limitación a la posibilidad de que este instituto, que se estima necesario de ser incorporado al Código actual, pueda ser utilizado en forma abusiva o desviada de la finalidad que debe tener”, concluye el proyecto.
Nueva regulación para las medidas cautelares El otro tema que ya está siendo tratado por la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña es el que prevé incorporar cambios en el otorgamiento de medidas precautorias que afecten la administración pública.
El proyecto también tiene su origen en el bloque del PRO y busca limitar a los jueces a la hora de dictar medidas cautelares contra el gobierno local. Entre otros cambios, se prevé incorporar al texto del Código Contencioso de la Ciudad que no procederán las medidas cautelares “contra el Gobierno de la Ciudad o cualquiera de sus organismos o reparticiones, centralizadas o descentralizadas, cuando los eventuales perjuicios pudieran repararse mediante una indemnización”.
En tanto que también se propone que “no podrá, en ningún caso, ordenarse medidas precautorias que afecten de cualquier forma, total o parcial, la prestación de un servicio público o un servicio o actividad de interés público”.
Para fundamentar los cambios, el proyecto señala cuatro principios necesarios para la adopción de cautelares que afecten la administración de la Ciudad: a) no obstaculizar la buena administración; b) garantizar no avancen sobre potestades propias, reservadas y excluyentes del Ejecutivo; c) considerar las particulares implicancias que, al menos en la mayoría de los casos, tienen las decisiones del poder administrador por sus alcances sociales, institucionales y económicos y d) reconocer las especiales características del Estado como persona jurídica, especialmente en términos de solvencia económica y responsabilidad institucional.
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