20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

Un decreto desencadenó un paro en la Justicia de Entre Ríos

La medida del Gobierno dispuso un aumento de sueldos de entre el 30 y el 20 por ciento para los jueces para compensarlos por no poder realizar otra actividad. De la decisión quedaron excluidos los empleados que criticaron que de esta manera se rompe la porcentualidad salarial que el Poder Ejecutivo había prometido acentuar. Este miércoles hubo paro y la semana que viene podría haber nuevas medidas de fuerza.

 
El Gobierno de la provincia de Entre Ríos se especializa en alterar los ánimos en el Poder Judicial y, principalmente, el de los empleados judiciales. El Ejecutivo otorgó un aumento de entre el 30 y el 20 por ciento a los jueces para compensarlos por la imposibilidad de ejercer otras actividades, lo que les está prohibido por ley.

Los empleados judiciales quedaron afuera del incremento y critican que esa medida rompe el enganche salarial que está estipulado por ley y aleja los sueldos de los magistrados con el de los judiciales. En protesta, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) realizó este miércoles un paro de 24 horas que incluyó movilizaciones a la Casa de Gobierno y al Palacio de Tribunales.

El aumento lo otorgó el Gobierno el 21 de abril a través del decreto 2053 y es de un 30 por ciento para los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Fiscal y el Defensor General de la provincia y de un 20 por ciento para el resto de los jueces. Fue otorgado porque la ley 6.902 prohíbe a los magistrados ejercer otra actividad comercial, exceptuando la docencia.

“Que es necesario en pos del fortalecimiento institucional del Poder Judicial reconocer en forma diferenciada tal situación mediante el establecimiento de un adicional que actúe morigerando la incompatibilidad general señalada precedentemente y acreciente aún más los fines constitucionales que inspiraron la intangibilidad de los Magistrados y Funcionarios”, señala el decreto.

El decreto no habla de aumento salarial sino que se refiere a una “bonificación con carácter remunerativo”. Lo que sí deja bien en claro que la medida “no es susceptible de computarse a los efectos de la liquidación de remuneraciones de los empleados que se desempeñan en el Poder Judicial”.

Desde AJER criticaron los incrementos porque rompe la porcentualidad y estira la diferencia salarial entre los jueces y los empleados del 70 por ciento a un 40 por ciento. “A contramano de todos los discursos políticos actuales, y desconociendo más de cuarenta años de vigencia del sistema Porcentual con Enganche para el cálculo de los haberes del Poder Judicial, el Gobernador acaba de pactar, con un S.T.J. cada vez más poblado de referentes partidarios del gobierno actual, el privilegio y la discriminación dentro de los salarios judiciales”, dijo el gremio a través de un comunicado.

En febrero, cuando jueces, funcionarios y empleados recibieron un incremento del 13 por ciento, el Gobierno se comprometió a enviar a la Legislatura un proyecto de ley para avanzar en una mejora de la porcentualidad.

“Este equilibrio solamente se logra en plenitud si los porcentajes que le corresponden a cada categoría de nuestro escalafón se calculan tomando como base el 100 % de los haberes de un vocal del S.T.J., sin trampas, sin distorsiones, sin mentiras”, explicó AJER.

El gremio le exigió al Poder Ejecutivo que el decreto 2053 se extiende a todo el personal del Poder Judicial.

Desde el viernes que los empleados están en estado de alerta y movilización. Desde ese día hasta el martes realizaron asambleas y retenciones de servicio de dos horas. Y este miércoles llevaron a cabo un paro de 24 horas.

Este jueves los judiciales continuarán en asambleas y el viernes AJER realizará un plenario general de delegados para decidir los pasos a seguir la próxima semana.



dju / dju
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