Kestelboim y la defensora adjunta, Graciela Christe, objetaron dos reformas concretas. Una es la posibilidad de recusar a los jueces de primera instancia y de Cámara sin fundamentar la causa, lo que actualmente está prohibido. Y el segundo, la imposibilidad de presentar medidas cautelares contra el Gobierno porteño.
Lo hicieron esta semana cuando le entregaron al vicepresidente de la Legislatura, el macrista Diego Santilli, un documento de 21 carrillas en el que señalan y fundamentan las objeciones a los proyectos para modificar la ley 2.174.
Sobre el primero de los temas, el Ministerio Público sostuvo que “la prohibición contenida en CCAyT busca evitar ese uso dilatorio del instituto”. La presentación, a la que accedió Diariojudicial.com señala que si bien algunos códigos permiten la recusación sin causa, la doctrina considera esa posibilidad como “anómala”.
Respecto a la presentación de medidas cautelaras una parte del proyecto propone que “no proceden las medidas cautelares contra el Gobierno de la ciudad o cualquiera de sus organismos o reparticiones, centralizadas o descentralizadas, cuando los eventuales perjuicios pudieran repararse mediante una indemnización”. Y agrega que “no podrá, en ningún caso, ordenarse medidas precautorias que afecten de cualquier forma, total o parcial, la prestación de un servicio público o un servicio o actividad de interés público”.
Para la Defensoría el proyecto es “un fuerte obstáculo tendiente a impedir la actuación del Poder Judicial” y aclaró que la jurisprudencia en esta materia “ha sido contundente en declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma que intentase cancelar la potestad judicial de decretar medidas cautelares, por violar de forma arbitraria y grosera principios, derechos y garantías constitucionales”.
Por otra parte, agregó que “es difícil conciliar estos propósitos expresos de la nueva regulación `con el derecho al debido proceso sustantivo y adjetivo de los particulares` como también se afirma en la exposición de motivos del proyecto de ley”.
La Defensoría expresó su “preocupación” por “estos intentos legislativos, en los cuales se aprecian unicamente motivos tendientes a dilatar o directamente impedir el control judicial sobre las actividades de las autoridades administrativas que lesionan derechos o intereses de los habitantes de la Ciudad”.
Los proyectos, que se encuentran a estudios, son contrarios “al Texto Fundamental de la Ciudad de Buenos Aires el cual, en armonía con el vigente en la Nación y con los pactos y convenciones internacionales, en materia de derechos humanos, garantiza a toda persona el acceso irrestricto a la justicia, contenido básico del derecho a una tutela efectiva”, afirmó el Ministerio Público.