De esta forma los presos recuperarán su condición de simples procesados, y por aplicación del “dos por uno” podrían salir en libertad. Según informaron fuentes parlamentarias a Diariojudicial.com, la iniciativa de Torres Molina, ya tiene dictamen por mayoría de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia y posiblemente tendría tratamiento en la sesión de mañana.
Sin embargo, respecto de esta iniciativa que, en términos generales coincide con el espíritu de la promesa oficial por la cual los presos de la Tablada levantaron la huelga de hambre que llevaban adelante, voceros de la bancada justicialista advirtieron que no estaba dicha la última palabra, y que es probable que el bloque brinde el quórum para su tratamiento, pero no su aprobación.
Diariojudicial.com tuvo acceso al dictamen que trata la derogación del título II de la ley 23. 077, que establece las normas de competencia y procedimientos para el juzgamientos de los delitos de atentados contra el orden constitucional y a la vida democrática (Ley de Defensa de la Democracia), habilitándose a las personas condenadas en juicio por dicho procedimiento a la interposición del recurso de casación, es decir una segunda instancia.
El dictamen fundamenta según el artículo segundo del proyecto de ley, que “las personas condenadas en juicios en los que se aplicó el procedimiento establecido por el titulo II, de la ley 23.077 y en los que no tomó intervención la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el tratamiento del recurso extraordinario, podrán interponer recurso de casación dentro de los treinta días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley”.
La diputada Nilda Garré, integrante de la Comisión de Justicia, y quien se inclina por la mayoría expuso que “el proyecto que se presenta a la consideración del Congreso ha incorporado el derecho a interponer el recurso de casación a aquellas personas que fueron condenadas en instancia única, sin poder ejercer el derecho a apelar la sentencia ante un juez o tribunal superior, tiene como finalidad evitar la condena del Estado argentino por los organismos internacionales por no respetarse los compromisos internacionales que fueran contraídos. En definitiva se propone la derogación de normas de competencia y procedimiento ya que, en nuestra legislación, existen normas de procedimientos adecuadas para juzgar la generalidad de los delitos y se posibilita, mediante este proyecto, la interposición de un recurso en los casos de las personas condenadas en instancias únicas cuando no intervino la Corte Suprema en el tratamiento de un recurso extraordinario”
Para responder a los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Alianza impulsa un proyecto que deroga el capítulo II de la Ley de Defensa de la Democracia, lo cual en un futuro permitirá la aplicación de la doble instancia judicial para quienes sean juzgados por esa norma.
Al mismo tiempo, establece la aplicación del recurso de revisión para los condenados del MTP, aunque sin nombrarlos específicamente, lo que les permitiría pedirle a un tribunal superior que analice su caso.
El proyecto de Comisión señala que “el Estado Argentino está obligado a establecer un mecanismo ordinario que garantice la doble instancia en el procedimiento establecido por la ley 23.077, con el fin de lograr la compatibilidad de dicha norma con la Convención Americana . La Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tuvo oportunidad de pronunciarse en el caso que fue sometido a su consideración por cuanto el Estado argentino conmutó la pena del condenado en única instancia que, no había tenido acceso a un tribunal superior”.
Los detenidos por el copamiento al cuartel militar de La Tablada, por su parte señalaron que "la aprobación en Diputados (de una ley que habilite la segunda instancia judicial) abriría el camino para que luego el Senado sancione (la norma) y posteriormente los jueces apliquen la nueva disposición". Asimismo pidieron a los legisladores a aprobar una ley que les permita apelar las condenas por las que se encuentran en la cárcel y amenazaron con retomar la huelga de hambre si no hay una solución definitiva a la situación".
Los presos de La Tablada fueron condenados bajo la Ley de Defensa de la Democracia, que es de instancia única y quedaron impedidos de apelar las sentencias. El 13 de julio suspendieron la huelga, ante el compromiso del Gobierno del tratamiento parlamentario del proyecto, supuestamente contemplado para este 3 de agosto.
No se descarta que si la sanción de la ley no prospera, o la posterior aplicación de la ley del "dos por uno", los ayunantes podrían retomar la huelga de hambre.
La norma, en caso de ser aprobada no beneficiaría al lider del MTP Enrique Gorriarán Merlo y su esposa Ana María Sivori , porque fueron condenados en otro juicio y sus sentencias fueron revisadas por la Cámara Nacional de Casación Penal.