La cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a un proyecto de ley que impulsa la creación de la Defensoría del Policía. Resta que los senadores aprueben la propuesta para que los integrantes de la fuerza de seguridad puedan contar con el organismo, que estará destinado a proteger sus derechos.
La figura de la Defensoría Policial fue impulsada por el diputado Luis Petri con la idea de atender las denuncias formuladas por el personal policial por hechos que configuren amenaza o vulneración de sus derechos en ejercicio de sus funciones. Además, podrá participar activamente de las políticas del sector y en la capacitación del personal de la fuerza.
El organismo dependerá del Ministerio de Seguridad de la Provincia y estará a cargo del defensor del policía, que será designado por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, durando cinco años en el cargo y será acompañado por tres defensores adjuntos.
Entre las atribuciones de la Defensoría también estará la de poder solicitar a los órganos correspondientes la realización de investigaciones para determinar si algún funcionario o autoridad ha incurrido en violación a los derechos fundamentales de quienes prestan servicios en el sector. En tanto que podrá intervenir en todo sumario administrativo realizado por la Inspección General de Seguridad que investigue el accionar del personal policial ejerciendo la defensa.
La iniciativa fue tomada de la experiencia que existe en Perú, donde desde 2002 funciona un organismo similar para garantizar los derechos del personal policial. Lo mismo ocurre con Canadá, que cuenta con un Consejero de Ética para difundir buenas prácticas policiales.
Por su parte, en Argentina, el antecedente más similar es el proyecto que a principios de este año ingresó en la Cámara de Representantes de Misiones. Allí, la propuesta es que la Defensoría alcance, además del personal policial, al penitenciario.
“El policía, como servidor público, tiene una serie de derechos, deberes y prohibiciones que debe observar en el ejercicio de sus funciones, para no olvidar los derechos humanos del gobernado”, expresó el diputado Pietri en los fundamentos de su proyecto.
La normativa argentina impide a los agentes policiales y penitenciarios el derecho a la protección sindical consagrado para todos los trabajadores en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
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