La iniciativa denominada Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes por 293 votos a favor y 129 en contra. Un punto que resulta llamativo es que se le permitirá al Gobierno intervenir conversaciones telefónicas y correos electrónicos, sin la orden de un juez.
El proyecto contempla que en el caso de que la compañía demuestre que su accionar fue a favor de un pedido del Gobierno, la corte Federal podría rechazar las demandas presentadas en su contra.
En tal sentido, si la propuesta se aprobara, al menos 40 demandas serían desestimadas por el tribunal. A su vez, inspectores generales del Departamento de Justicia, Defensa y entidades de inteligencia deberían en el término de un año, otorgar informes sobre el programa de espionaje respectivo.
Según la Unión Norteamericana para las Libertades Civiles (ACLU), se trata de una legislación inconstitucional, que sólo beneficia a empresas poderosas.
A fines del 2005, el diario "The New York Times" reveló que desde el 11 de septiembre de 2001 el gobierno estadounidense interceptaba comunicaciones telefónicas de presuntos terroristas sin autorización judicial. La excusa del primer mandatario fue que el Congreso había ratificado la “potestad constitucional” para que el presidente busque a los autores de los atentados del 11-S a las Torres Gemelas y al Pentágono.
En cambio en nuestro país, diputados de la UCR y de la Coalición Cívica presentaron hace algunas semanas un proyecto de ley, que persigue la derogación de la ley 25.873 denominada comúnmente “ley espía”. La norma obligaba a las empresas de telecomunicaciones a registrar el tráfico electrónico y telefónico de los usuarios y guardarlo por un plazo de diez años. Su aplicación ya fue suspendida en el 2005 mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
El texto original, elaborado por el diputado José María Díaz Bancalari, sólo se refería a los "servicios de comunicaciones móviles" esto es los teléfonos celulares, y exigía a las empresas que permitieran las escuchas telefónicas en caso pedidos de la Justicia.
El objetivo principal de la ley era poder intervenir teléfonos celulares en caso de "extorsiones o secuestros", según había explicado el diputado impulsor de la iniciativa, aprobada en julio del 2003 en el marco de un panorama social donde los secuestros extorsivos iban en aumento.
El texto del actual proyecto cita un antecedente en el que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmaba la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º de la ley 25.873 y su decreto reglamentario, 1563/04, “por violar el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que "el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados”.