“Ahora entiendo a la gente común, al ciudadano que se queja de nuestra Justicia. Realmente es vergonzoso el accionar de ciertos jueces”, dijo Sastre luego de conocer la decisión del juez Daniel Yanguela de liberar al único detenido.
“Yo no participo ni en una interna judicial, ni en una interna política ni nada por el estilo, pero lo viví en carne propia. La Justicia tenía todos los elementos para detenerlo, pero le digo al juez actuante y a quien sea que si le parece que si un delincuente camina con un elemento que fue robado pocas horas antes, ¿no lo va a vincular al hecho y lo deja en libertad por falta de mérito? Es una barbaridad sic, no tiene nombre”, criticó el legislador.
Sastre afirmó que esa situación “nos lleva a los ciudadanos a hacer justicia por mano propia. Hagan Justicia por mano propia, lamentablemente es lo que vamos a tener que salir a decirle a la gente”.
“Manifestaciones públicas de este tenor y de este estilo no solo socavan la estructura basal de las instituciones al denostar al Poder Judicial en su integralidad, sino que, además y elípticamente, suman “puntos” en favor del flagelo de la inseguridad que dicen repudiar, inyectando en la ciudadanía un sentimiento general de impunidad y bregando por la asunción de determinaciones –hacer justicia por propia mano- que son, cuanto menos, inaceptables cuando provienen del propio Estado”, sostuvo el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Chubut, Martín Zacchino, en una carta enviada a la Legislatura provincial.
Comprendiendo la situación de Sastre, Zacchino sostuvo que “resulta a todas luces inadmisible que un representante del Estado (funcional y éticamente) no adopte los necesarios recaudos que su cargo y responsabilidad le imponen en este tipo de casos”.
En el mismo sentido se expresó el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Abel Fleming. “Mientras la víctima de un delito quiere ver en el juez un `aliado` que se olvide la existencia del derecho a la libertad y a la intimidad de los habitantes, y en ocasiones pretende que se despachen indiscriminadamente órdenes de detención, y allanamientos masivos de domicilios; los jueces tienen que garantizar estos derechos constitucionales, los que solo ceden frente a fundadas necesidades de la investigación y sujetos a parámetros de proporcionalidad e indispensabilidad”, sostuvo.
“Como hombres de derecho, pero ante todo como funcionarios del Estado, de nuestra parte pretendemos que la crítica generalizada y el abono del descrédito se reemplacen por el ejercicio de los derechos. Si fuere necesario, activando los resortes previstos por la ley para que se adopten los correctivos que el caso concreto justifique y para la asunción de las responsabilidades individuales si las hubiere”, agregó Fleming.
Por último, también el secretario de Defensa de la Magistratura de la FAM, Daniel Rucci, apoyó al juez. Llamó “al conjunto de funcionarios políticos de los restantes poderes a la reflexión para que se expresen sobre la labor judicial con absoluta cordura y grandeza, respetando las decisiones judiciales porque ello resulta el basamento de la seguridad jurídica que debemos consagrar en nuestro país para ser considerados mas serios y creíbles”.