Brevatas

Dos fiscales de San Isidro pidieron la detención de uno de los hijos de Moyano

Tras los destrozos producidos el lunes pasado en la sede central de Autopistas del Sol, dos fiscales de San Isidro pidieron la detención de uno de los hijos del secretario General de la CGT, Hugo Moyano. Se trata de Facundo Moyano, que lidera el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) y que hace dos días llevó adelante un reclamo salarial que incluyó una violenta toma a la seda de la empresa, con roturas parciales, pintadas y dos empleados heridos. Los fiscales que pidieron la detención a la justicia fueron Diego Callegari y Mariano Magás, quienes consideraron que Moyano hijo incurrió en los delitos de coacción activa y robo calificado.

Chaco prepara la celebración del cincuentenario del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura de Chaco celebrará en setiembre próximo el cincuentenario de su puesta en funcionamiento y ya se está preparando para ello. Recientemente, las autoridades confirmaron la presencia del Mariano Candiotti, que como presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación irá en representación del cuerpo a las jornadas de celebración que tendrán lugar el 24 y 25 de setiembre. Además, el acto de apertura de la Jornada del Cincuentenario también contará con la presencia del gobernador Jorge Milton Capitanich, de acuerdo con lo que confirmó la presidenta del Consejo de la Magistratura provincial, María Luisa Lucas. Del evento, también participarán varios juristas destacados a nivel provincial y nacional. En Chaco, el Consejo se encarga de proponer a los magistrados, fiscales, defensores y asesores del menor.

Critican investigación contra juez que falló a favor del campo

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) criticó al decisión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación de iniciar una investigación contra el juez federal de Mar del Plata Alfredo López por su actuación en el fallo que declaró inconstitucional la resolución 125 del Poder Ejecutivo sobre retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. La entidad sostuvo que “el contenido de las sentencias no puede ser tenido como causal de remoción de los magistrados, salvo que ellas constituyan delito o grave irregularidad”. Y resaltó que “es función del Consejo de la Magistratura garantizar a los jueces su independencia para que puedan aplicar las normas legales de acuerdo a cómo las entiendan según su conciencia y criterio jurídico”.

México: cárcel para quienes pinten graffitis

El Congreso del estado de Queretaro, en México, aprobó una ley que pena cárcel a quienes pinten grafitis en las calles. La modificación al Código Penal establece que serán sancionado con prisión de seis meses a cinco años las personas que pinten las paredes del espacio público al considerar que se trata de una conducta antisocial y que produce contaminación ambiental. La oposición votó en contra de la reforma penal y sostuvo que se trata de una ley que viola la libertad de expresión.

Tras el pedido de perpetua, habla la defensa en el juicio contra el represor

La jornada de los alegatos de la defensa en el juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez comenzó este lunes en la ciudad de Córdoba. Tanto los defensores del jefe del tercer cuerpo del ejercito como los de otros siete hombres deberán alegar en le marco de un proceso de enjuiciamiento por el secuestro, tortura y muerte de cuatro jóvenes militantes políticos ocurridos en 1977. Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone son los otros imputados en la causa denominada “Brandalisis”. Menéndez está acusado de ´privación ilegitima de la libertad, tormentos y homicidio, en todos los casos agravados´ en perjuicio de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo. La querella y los fiscales pidieron una pena de cadena perpetua para Menéndez.

Novedades en el caso de la valija

El fiscal de Miami Tom Mulvihill alegó que el gobierno de Estados Unidos no hizo ningún arreglo con el empresario venezolano Guido Antonini Wilson para impedir que fuera extraditado a la Argentina. Dicha declaración, la efectuó en el marco de la causa que se investiga el intento de Antonini Wilson de ingresar a Argentina con 800 mil dólares en un maletín sin declarar, causa que ya tiene cuatro detenidos en Miami acusados de ocultar el origen y el destino del dinero. El mencionado fiscal negó que el gobierno estadounidense trabara un pedido de extradición presentado por Argentina, luego de que uno de los acusados, Franklin Durán, presentara una moción mediante la cual solicitó a la Fiscalía detalles acerca del pedido de extradición. Durán, ex socio de Antonini Wilson, es el único de los acusados que continúa declarándose inocente, luego de que los otros tres imputados se reconocieran culpables del cargo de operar como agentes secretos venezolanos para ocultar el origen y el destino del dinero.

Se someterán a arbitraje reclamos de multinacionales contra el gobierno de Evo Morales

Varias empresas internacionales hicieron reclamos por 925 millones de dólares ante el gobierno e Bolivia, en virtud de que se vieron afectadas en la nacionalización de sus compañías, que lleva a cabo el presidente Evo Morales. Los conflictos serán sometidos a arbitraje, donde el más importante de ellos, involucra a la firma Ashmore Energy Internacional (AEI), que solicitó dirimir la cuestión ante la Cámara de Comercio de Estocolmo en su reclamación por la confiscación del 25% de acciones en la compañía de transporte de hidrocarburos Transredes, que pasaron al Estado el pasado 2 de junio. La italiana EuroTelecom Internacional (ETI) recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), reclamando a Bolivia 350 millones de dólares, en virtud de la nacionalización de las acciones italianas en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Los representantes del Gobierno boliviano esperan alcanzar acuerdos con la suiza Glencore, y con las empresas Graña y Montero de Perú, además de la alemana Oil Tanking GMBH, cuyas acciones fueron confiscadas en la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia.

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