20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

"Cualquier delito va a tener un aspecto informático"

Ricardo Sáenz
Fiscal General de la Cámara del Crimen

 
La Argentina ya cuenta con una ley específica en materia de delitos informáticos que castiga con hasta seis meses de prisión a quienes violen una comunicación electrónica; un año para los ingresen en un sistema de datos de un organismo estatal y de dos años si se trata de un banco de datos personal.

“Siempre decimos que la ley va detrás del delincuente y en materia tecnológica se ve muy claramente. Es probable que se tengan que ampliar frente a la creación de nuevas vulneraciones de bienes jurídicos que no estén previstas en esta ley. Pero por el momento creo que es una ley bastante abarcativa y me animaría a decir que es la más actual de Latinoamérica”, sostiene el fiscal general de la Cámara del Crimen y uno de los autores de la norma, Ricardo Sáenz.

La ley, que modificó el Código Penal, también pena con cuatro años de prisión a quien produja, financie o distribuya la pornografía infantil. “Es un delito bastante alarmante en todo el mundo. Detrás de cada imagen de pornografía infantil que uno ve en la pantalla hay un abuso real”, sostiene Sáenz, que preside la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina, y estudia los delitos informáticos desde 1998 luego de una reunión de trabajo en los Estados Unidos.

“Salimos de la reunión y le dije al Procurador que quería trabajar en ese tema y se formó un grupo que después se desintegró y yo seguí trabajando. Es un tema realmente apasionante”, explica Sáenz.

La ley es toda una novedad y dispara algunos interrogantes para el futuro. “Lo que ya está pasando, y sin duda va a continuar en el futuro, es que cualquier delito va a tener un aspecto informático –pronostica el fiscal–. La informática ha cruzado de una manera la vida de la gente que es impensable que exista alguna forma de investigar que no tenga que ver con lo tecnológico”.

En ese marco, los recursos técnicos, una Policía Judicial y la capacitación de los jueces y fiscales serán temas centrales para combatir estos delitos. “Uno de los problemas que generan es una muy clara dependencia del juez o del fiscal que investiga con su investigador informático, no al punto de no saber quien decide pero sí de correr el riesgo de que la decisión judicial este muy influenciada por el informe técnico”, explica Sáenz.

La tecnología avanza cada vez más rápido. ¿Cree que va a ser difícil tener una legislación actualizada en delitos informáticos para seguir a la par de ese progreso?

Ya tener una ley una ley de delitos informáticos nos pone a resguardo de muchas conductas previstas en la norma y que se vienen repitiendo en los últimos tiempos de una manera bastante alarmante como las violaciones a la seguridad, los sabotajes, los virus, la pornografía infantil, las estafas, las interrupciones de comunicaciones, etc. No hay duda que vamos a necesitar un trabajo de actualización constante. Esto no es el homicidio simple donde si se mata con un cuchillo y después con una ametralladora no hace falta reformar la ley. Acá hay que tener lo que se denomina “neutralidad tecnológica”, que es que los Estados traten de usar terminologías en sus leyes lo más neutras posibles para que no haya que estar constantemente actualizándolas. Por eso, por ejemplo, usamos “comunicación electrónica” como una forma de abarcar todo tipo de comunicación, por lo menos las conocidas hasta el momento.

¿En un futuro la ley deberá ampliarse a nuevos delitos informáticos que hoy no están previstos?

Es muy probable. Siempre decimos que la ley va detrás del delincuente y en materia tecnológica se ve muy claramente. Es probable que se tengan que ampliar frente a la creación de nuevas vulneraciones de bienes jurídicos que no estén previstas en esta ley. Pero por el momento creo que es una ley bastante abarcativa y me animaría a decir que es la más actual de Latinoamérica muy similar en cuanto a los tipos penales que se previeron al Convenio Europeo del ciber delito.

La Cámara del Crimen dijo hace poco que la nueva ley no era necesaria porque esas conductas ya estaban incluidas en el Código Penal

A mi juicio fue bastante paradójico. No leí el fallo porque no se trataba de una causa a mi cargo pero leí en todos los medios que el correo electrónico entraba en el término correspondencia. No lo comparto dogmáticamente en el sentido de la interpretación literal del tipo penal que habla de correspondencia epistolar. Creo que claramente era necesario hacer lo que se hizo: que la comunicación electrónica estuviera incluida expresamente en el Código Penal.

¿En el futuro la mayoría de los delitos van a ser informáticos?

Creo que hay una nueva manera para plantear el tema de la delincuencia. Lo que ya está pasando, y sin duda va a continuar en el futuro, es que cualquier delito va a tener un aspecto informático, se va a poder cometer mediante una interferencia en un sistema informático. Hoy, en cualquier delito que se comete cuando se llega al lugar del hecho si hay una computadora el juez se la lleva. La informática ha cruzado de una manera la vida de la gente que es impensable que exista alguna forma de investigar que no tenga que ver con lo tecnológico.

¿Ya se puede hablar de un perfil del delincuente informático?

Es difícil hablar del perfil del delincuente en todos los delitos. Pero sí tenemos claramente una persona preparada tecnológicamente con algún grado de estudio que le permite hacer ciertas conductas que a veces generan una brecha tecnológica entre el delincuente y el investigador. Pero nose si esto alcanza para formar un perfil. En la pornografía infantil a través de internet sí tenemos el perfil del pedófilo que sabemos que en la gran mayoría son hombres, hay muy pocos casos de mujeres, y en general tienen cierto grado de instrucción.

¿La Justicia está en condiciones técnicas y de capacitación para tratar este tipo de delitos?

Hay que trabajar muy fuerte en la capacitación y es lo que se está intentado hacer a través de la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Fiscales desde hace cuatro o cinco años con el apoyo de empresas como Microsoft o Telecom o compañías informáticas. Uno de los problemas que generan estos delitos es una muy clara dependencia del juez o del fiscal que investiga con su investigador informático, no al punto de no saber quien decide pero sí de correr el riesgo de que la decisión judicial este muy influenciada por el informe técnico. Es como la vieja discusión de que el perito no decide sino que es el juez quien lo hace. Pero estos peritos son muy especiales porque uno a veces se encuentra con hechos que realmente le cuesta entender cómo suceden. Esa brecha solo se salva con capacitación.

Actualmente la Corte Suprema está analizando la validez o no de la llamada ley espía por la cual las empresas de comunicaciones deben almacenar durante 10 años el tráfico de información de sus usuarios. ¿Esa norma puede ayudar a combatir los delitos informáticos?

Puesta en su justo medio es imprescindible. Ya se obtuvo una ley penal de fondo y a mi juicio ahora lo que se necesita ahora es una reforma procesal y una regulación de los proveedores de internet (ISP). La reforma procesal es para tratar de admitir y de regular la prueba digital que forman parte de cualquier delito. Y en cuanto a la regulación de los ISP sucede que el plazo de 10 años es impracticable. Cualquier plazo para la conversión de datos le genera a los proveedores un costo económico de los equipos que necesitan para almacenar los datos. En Europa los investigadores señalan que alcanzaría con un año de guardado de datos de contacto (las paginas de internet visitas y el destinatario de los mails) y no de contenidos.

¿Es necesaria la creación de una Policía informática para este tipo de delitos?

Habría que apuntar al tema más amplio: si es necesario la creación de una Policía Judicial. Yo creo que si. Sería positivo tener una Policía Judicial que investigue que esté a las órdenes del Ministerio Público y una parte importante de ella tendría que tener una preparación informática como para avanzar en la investigación de ese tipo de delincuencia. Hoy la Policía Federal tiene una división que funciona excelentemente en la investigación de estos delitos.

Además de la sanción de una ley para delitos informáticos este año hubo otros cambios legislativos en materia penal: se creó una nueva Cámara de Casación, se fijó un fondo de recompensas para los casos de derechos humanos, se modificó el proceso de apelaciones en la oralidad. ¿Cuál es su opinión de esas reformas?

Hay algunas buenas y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, uno puede afrontar la oralidad de las audiencias de apelación en un Código que había acotado la apelación a muy pocas cuestiones pero poner suelta la oralidad en el Código como está, que casi todo es apelable, va a generar una cantidad de audiencias tremendas.

¿Y cuáles son las reformas positivas?

La Cámara de Casación de Capital me parece un avance. La actual Cámara, que tiene toda la competencia, estaba dando señales de tener una sobrecarga de trabajo. Creo que tener una Cámara de Casación para la Capital Federal va a permitir la interpretación de los tipos de la competencia ordinaria, que no son siempre los mismos que se ven en federal.

Respecto a la creación de la Cámara de Casación usted se presentó a concursar para ocupar uno de esos cargos. ¿Qué lo motiva querer ser juez?

Desde de 21 años de fiscal la creación de una Cámara de Casación de la ciudad me pareció todo un desafío que podía ser una buena oportunidad en esta etapa de la vida que para mí sería bastante novedoso porque nunca fui juez . Me parece que este tribunal que va a tener una función respecto de los derechos de los imputados bastante similar a la que se está planteando en los últimos años en la Cámara de Casación Federal como un verdadero tribunal de garantía para el imputado con el derecho penal de los derechos humanos y todo lo que la Corte ha ido marcando como lo que debe garantizar la casación. Me parece una cuestión bastante importante y me gustaría formar parte.



martín angulo / dju
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