Luego de la puja entre la Ciudad y la Nación por ver quién tiene facultades para investigar el nuevo delito que castiga a aquellos que corren picadas con sus vehículos, la Legislatura porteña parece haber salido a la carga para defender la autonomía local. En tres proyectos distintos de declaración, los diputados rechazan la creación de la nueva Cámara de Casación Penal, cuestionan a Aníbal Fernández y piden la celebración de convenios de transferencia en materia Civil y Comercial.
El primero de los proyectos fue presentado por el diputado Martín Borrelli y ya tiene despacho favorable de la Comisión de Justicia. Allí, los legisladores declaran su “preocupación por la sanción de la Ley 26.371”, que en mayo pasado creó un nuevo tribunal de Casación en el ámbito de la Capital Federal, ya que entienden que ello “parcialmente vulnera competencias jurisdiccionales de la Ciudad”.
Pero el cuestionamiento no se queda en eso sólo, sino que lo más significativo es que los diputados le solicitan al Congreso de la Nación que “derogue parcialmente la ley 26.371 en aquellos supuestos en que se invaden las potestades y competencias de la Ciudad”.
Según lo previsto, la nueva Cámara Nacional de Casación se abocará a los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos contra las sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales orales en lo criminal y de menores, la Cámara Nacional del Crimen y los jueces nacionales en lo correccional y de ejecución penal con asiento en la Capital Federal. Y para su puesta en marcha el Consejo de la Magistratura ya abrió el proceso de selección para designar a los 10 magistrados que integrarán las tres salas y la presidencia del tribunal.
“La ley 26.371 aparece así como un retroceso, en tanto avanza sobre la esfera de reserva legislativa del Estado local para organizar su poder judicial”, se lee en los argumentos de proyecto de declaración. En tanto que agrega que “generar cualquier jurisdicción local u organismos que ejerzan las que aún mantiene por imperio de un lento proceso de traspaso, es una atribución que se encuentra vedada al Congreso de la Nación en la medida que dejó de funcionar como legislatura local en 1998”.
Por otra parte, la Legislatura se sumó a los cuestionamientos que el Tribunal Superior y la Fiscalía General de la Ciudad habían expresado contra el ministro de Justicia de la Nación Aníbal Fernández, que mediante una resolución dispuso que sean los fiscales nacionales quienes intervengan en los casos del nuevo delito de “picadas” automovilísticas e instruyó a las fuerzas de seguridad a brindar asistencia sólo a la Justicia nacional.
Para los legisladores, esa orden de Fernández “desconoce competencias jurisdiccionales de la Ciudad privando al Poder Judicial de la misma del auxilio de la fuerzas de seguridad nacional para la investigación de los delitos contemplados en el artículo 193 bis del Código Penal”.
Finalmente, los legisladores porteños también están estudiando emitir una declaración para instar a Mauricio Macri a que active las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional destinadas a concretar la firma de los convenios de transferencia de competencias civiles y comerciales a la órbita de la Justicia de la Ciudad.
Ello, porque la Legislatura viene tratando la idea de crear la justicia vecinal en la Comuna y por ante ello los diputados entienden que “surge la necesidad de dinamizar las gestiones destinadas a obtener la transferencia de competencias civiles y comerciales a la órbita local, ya que muchas de las cuestiones a abordar por el sistema judicial vecinal se hallan actualmente en el ámbito de competencia de esa justicia nacional”. De modo que así se evitarían “redundancias, yuxtaposiciones o contradicciones jurisdiccionales”.
dju / dju
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