En una nueva resolución de la Justicia porteña contra la gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Fernando Lima emplazó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para que de explicaciones acerca de por qué el organismo aún no comenzó a construir las 1.231 viviendas sociales proyectadas desde 2004 en el predio de Casa Amarilla, ubicado en el barrio porteño de La Boca.
Así, el magistrado hizo lugar a un amparo por mora presentado por la Asociación Civil Casa Amarilla 2005, que nuclea a unas 4.300 familias que desde hace 4 años y medio viene reclamando la ejecución de las obras proyectadas.
En todo ese tiempo, los demandantes han hecho presentaciones al IVC para que atiendan su reclamo, pero hasta el momento no han obtenido respuesta alguna. Y así lo confirmó Lima, que señaló que “en lo que hace al IVC sólo recibieron (los reclamantes) una carta documento suscripta por Apelbaum, que no da cuenta de acto administrativo alguno sino que pretendería ser “la” respuesta a los planteos de la Asociación Civil Casa Amarilla”.
Sin embargo, al encuadrar el caso en un amparo por mora, el magistrado evitó un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y sólo pidió a las autoridades del IVC expedirse sobre el reclamo de los amparistas. “El ámbito de aplicación del amparo por mora se encuentra limitado a obligar a la Administración a pronunciarse, pero no en cierto sentido, sino simplemente a expedirse, quedando excluida la posibilidad de que se la condene a resolver de una manera determinada”, se indica al respecto en el fallo.
Anteriormente, el juez Roberto Gallardo había optado por otro camino y ello le costó el apartamiento de la causa, caratulada “Asociación Casa Amarilla 2005 c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”. En esos autos, el magistrado había dictado una medida cautelar en la que ordenó la traba de un embargo de $ 14.273.426 del presupuesto anual que posee el IVC, suma que corresponde al proyecto de viviendas en Casa Amarilla. Y también dispuso la inmediata reactivación de los expedientes administrativos involucrados.
Sin embargo, el Gobierno porteño pidió la recusación de Gallardo y la Sala II de la Cámara del fuero hizo lugar al planteo al considerar que había quedado configurada la causal de prejuzgamiento “atento a que el juez, con anticipación al momento procesal adecuado, expresó su opinión en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso”.
En un principio, el mismo proyecto de viviendas había estado frenado porque un grupo de vecinos había denunciado que la construcción iba a causar un fuerte impacto ambiental en la zona; sin embargo, los estudios respectivos lo descartaron y el IVC quedó habilitado para poner en marcha las obras, algo que aún no ocurrió.
dju / dju
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