El presidente de la Corte, Adolfo Caballero, afirmó que si se aplicara la iniciativa se estaría “cercenando la posibilidad a funcionarios públicos el acceder a la Magistratura, no lo veo como actitud sanadora sino que discrimina” lo cual “provocará la reacción lógica de los abogados que trabajen para el Estado provincial”.
En la misma línea, el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani no dio su visto bueno a la iniciativa de la agrupación y expresó que “el Foro de Abogados debería tener un apego estricto a la Constitución y más allá de que el proyecto pueda ser simpático popularmente y tener un fin loable, la entidad que agrupa a los letrados debe ser un custodio inviolable de la Carta Magna provincial”.
“La Constitución se ha encargado de marcar cuáles son los requisitos para ser gobernador diputado, intendente, concejal y magistrados, por lo tanto es sabido ninguna ley ni ordenanza ni decreto puede agregar o disminuir las obligaciones para ocupar esos cargos”, dijo Quattropani.
Desde la óptica del fiscal general de máximo tribunal, “hay que dejar buscar atajos y escaparle al centro de la discusión, es decir, que sus representantes – lo abogados que integran el Consejo junto con el delegado del Poder Judicial, que reasentaría la mayoría dentro del órgano - modifiquen el reglamento” y vuelva a entrara en vigencia la Ley 7173 del Consejo de la Magistratura.
Esta norma establecía el concurso por mérito oposición y antecedente y que, recordemos, fue suspendida en el 2003 por el gobernador apenas asumió en le 2003 y le impidió tener vigencia jurídica.
La insistencia por modificar el método de selección de los magistrados tiene que ver con la coyuntura que vive la provincia. Según contó el impulsor de la propuesta, Marcelo Arancibia, el acuerdo entre el gobernador sanjuanino José Luis Gioja y la ANSES, que permitirá a treinta jueces provinciales jubilarse con el 82 por ciento móvil al igual que lo hace los federales, representa un temor hacia una masiva jubilación que podría ser cubierta por legisladores oficialistas que hoy son 30 dentro de un total de 34.
Sin embargo, el presidente de la Corte observa que el retiro en masa de un tercio de los magistrados “está muy lejos de producirse” porque “aún no lo ha ratificado el Ejecutivo, habría que ver que el convenio dijese que contempla la nueva movilidad de haberes con ajuste automático y además contemplase cómo pagar la deuda con alguna facilidad”. El segundo punto importante que incluye la propuesta elaborada por la entidad que agrupa a los abogados sanjuaninos se refiere a someter a la opinión pública los nombres de los ternados por el Consejo. “Me parece una medida sanadora”, expresó Caballero, quien contó que estuvo de acuerdo cuando “la Corte se sometió a impugnaciones como sucedió con la ministra Carmen Argibay que recibió críticas por su postura con respecto al aborto y el ministro Raúl Zaffaroni en relación a cuestiones impositivas”.
Quattropani también acuerda con este último elemento ya que “sería cuestión de reglamentación” por lo que “no ha contradicción con normas constitucionales”.