La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) presentará ante la Corte Suprema de Justicia un documento criticando la resolución 1084/08. Así lo decidieron cerca de 40 jueces durante un encuentro que realizaron este martes por la tarde en la sede de la institución para debatir el tema.
Los fiscales seguirán el mismo camino con su superior. La Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina (AFFUN) le pedirá al procurador general, Esteban Righi, que intervenga ante el Poder Ejecutivo para que se haga cesar la instrucción del Ministerio de Justicia. El documento, que se le entregará este jueves a Righi, será en la misma línea que el comunicado por el cual criticaron la instrucción ministerial, según informaron directivos de la AFFUN.
La AFFUN habló de una “indebida injerencia” en las facultades de los fiscales y sostuvo que “o se explica la necesidad de conocer el contenido de requerimientos, en investigaciones que podrían estar en secreto, o que podrían implicar a funcionarios públicos”.
La resolución del Ministerio de Justicia establece que “los oficios judiciales o requerimientos de cualquier índole provenientes de magistrados judiciales y dirigidos a las Fuerzas de Seguridad (y Servicio Penitenciario Federal) dependientes del este ministerio, deberán ser elevados a conocimiento del suscripto (Ministro) previo a ser respondidos”.
El procurador General de San Juan y titular del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Eduardo Quattropani, propone ampliar la discusión: “este tema tiene que servir como disparador para la cuestión de fondo: que la Justicia tenga su propia Policía”.
“Uno de los pilares básicos de la independencia del Poder Judicial está en contar con una Policía Judicial porque he sostenido que un juez o un fiscal investigando por medio de una Policía que sólo en la ficción legislativa le pertenece pero que responde a otro poder del estado, por lo menos compromete gravemente la función judicial”, ahondó Quattropani.
Pero no solo desde la Justicia se criticó la medida. También desde el propio oficialismo. La vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación y diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, calificó la resolución como “inconveniente” y destacó que “generó una reacción adversa en el Poder Judicial”.
“Como está escrita parecería que quiere saber la actuación de las fuerzas de seguridad cuando estás deben responder a los jueces y no al ministro”, agregó Conti.