Los gremios de Córdoba plantearán la inconstitucionalidad de la nueva ley de jubilaciones
Lo gremios estatales de Córdoba harán una presentación judicial este martes, donde plantearán la inconstitucionalidad de la nueva ley previsional de la provincia, que determina cambios en el cálculo de las jubilaciones y recortes de entre el 22 y el 27 por ciento en los haberes actuales superiores a los 5.000 pesos. Además, denunciarán formalmente presuntas agresiones y malos tratos policiales a militantes del gremio de Luz y Fuerza detenidos el miércoles pasado en medio de serios incidentes.
Lanzan la Academia de Derecho Público de America del Sur
Con un evento que se llevará a cabo en la ciudad de Asunción, en Paraguay, entre el 16 y 17 de octubre, y del que participará el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quedará formalmente inaugurada la Academia de Derecho Público de America del Sur. Los organizadores prometen un homenaje a Juan Bautista Alberdi, Habrá disertantes de Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.
El ex empleado del JP Morgan puede hablar
El juez en lo comercial, Javier Cosentino rechazó un planteo del banco estadounidense JP Morgan para prohibirle al ex empleado, Hernán Arbizu, a su abogado y a todos los medios de comunicación, la difusión del listado de las personas que fugaron millones de dólares del país. Arbizu está sospechado de sospechado de una estafa por 2,7 millones de dólares. Se trata de una medida cautelar que el magistrado aceptó parcialmente. En consecuencia, la prohibición pedida por el banco no alcanzará aquella información que pudiera otorgar el acusado en las acciones penales iniciadas en su contra. El ex ejecutivo del JP Morgan se autodenunció en un juzgado federal como parte de una asociación ilícita destinada a lavar dinero y evadir impuestos de los clientes del banco de inversión, entre los que se encontrarían Ernestina Herrera de Noble, otros directores del Grupo Clarín, Marcelo Mindlin, la familia Priu, Eduardo Constantini y Carlos Bulgheroni, entre otros nombres.
Sigue la polémica por el uso de las pulseras magnéticas en detenidos
El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, anunció que analizarán la situación de las 297 personas con arresto domiciliario que son controladas con las pulseras magnéticas. Casal informó que durante el fin de semana visitó los domicilios de esos detenidos y dijo que todos estaban en sus casas. El ministro recordó que el control satelital a través de las pulseras rige para los casos de mujeres embarazadas, ancianos y enfermos terminales. La polémica surgió porque uno de los detenidos por el cuádruple crimen de Campana, Ángel Fernández, gozaba de ese beneficio y se sospecha que cometió los crímenes burlando el sistema al traspasarle la pulsera a un familiar. Fernández cumplía en su domicilio parte de la pena de reclusión perpetua por violación seguida de muerte. Luego de 16 años en prisión, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Martín le concedió el beneficio del uso de la pulsera magnética en su casa.
La Legislatura de Neuquén designó a Labate en el TSJ
El hasta ahora juez federal de Neuquén Antonio Guillermo Labate fue designado por la Legislatura de la provincia como nuevo vocal del Tribunal Superior de Justicia. El nombramiento se produjo con el apoyo de 29 de los 35 diputados presentes luego de un extenso debate. Así, se superó en forma holgada los dos tercios de la Cámara que eran necesarios para la aprobación del pliego. El diputado Marcelo Inaudi, de la Concertación Neuquina, calificó como “un salto gigantesco de la provincia hacia la institucionalidad” la llegada de Labate. Mientras que fueron seis los legisladores que se opusieron a su nombramiento. Labate reemplazará al renunciante Roberto Fernández en el máximo tribunal, que ahora espera la apertura de un nuevo proceso de selección ya que aún queda la vacante dejada por Jorge Sommariva. Mientras tanto, la Sala Acusadora de la Legislatura abrió a prueba el juicio político contra Eduardo Badano.
Se inicia en Tucumán otro proceso contra Menéndez
El día martes tendrá lugar en Tucumán, la iniciación del primer juicio oral y público de la provincia, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Los imputados son en este caso Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, quien hace unos días fue condenado a cadena perpetua por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba. Los cargos que enfrentarán los acusados son violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, desaparecido en 1976. En el momento donde se elevó la causa a juicio, el juez federal Daniel Bejas concluyó que todos los hechos ilícitos debían ser imputados en concurso real con el delito de lesa humanidad y dentro del marco del delito de genocidio previsto por el Derecho Penal Internacional.
El repudio por los intentos de callar la verdad
La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, manifestó su repudio ante las amenazas de muerte sufridas por la fundadora de Madres de Plaza de Mayo de la provincia de Corrientes, Hilda Caballero de Arqueros. La afectada, de 97 años, es una de las testigos en la causa del ex RI9 en la que se juzga por delitos de lesa humanidad a ex oficiales, suboficiales y gendarmes. Sin embargo, la misma no pudo testimoniar dado lo avanzado de su edad, pero sí lo hicieron sus familiares directos, quienes radicaron la denuncia en los juzgados federales correspondientes, luego de que la madre de Plaza de Mayo haya sufrido tal amenaza.
dju / dju
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