El plenario del Consejo de la Magistratura someterá a consideración este jueves el dictamen aprobado por la Comisión de Disciplina y Acusación que propone multar con un 30 por ciento de su sueldo al camarista Alfredo Barbarosch, que enfrentado con varios de sus colegas de la Cámara del Crimen se llegó a tomar a golpes de puño con el juez Luis Escobar.
La sanción económica fue propuesta por el consejero instructor Nicolás Fernández en un dictamen de 136 páginas que busca cerrar la interna desatada en el tribunal penal en 2005.
“Eventos como los ocurridos en el presente sumario, que no han sido capaces por acción u omisión de ser resueltos en el ámbito interno del tribunal, y hantrascendido a la prensa y la sociedad en su conjunto, sólo empañan y ponen en crisis –injustamente- el prestigio y reputación de todos los jueces de la Nación”, sostiene el dictamen.
En el expediente, fueron tramitadas una docena de denuncias contra Barbarosch impulsadas por 14 integrantes de la Cámara del Crimen. Entre ellas está la omisión deliberada de suscribir resoluciones de superintendencia, los intentos de obstaculizar la constitución de una comisión ad-hoc por la causa AMIA y las presiones al magistrado de grado en la causa penal por la pelea con Escobar.
Además, el dictamen cuestionó a Barbarosch que haya intentado hacer valer su condición de juez en beneficio personal y por ello recomienda a los magistrados que tengan en cuenta “el interés público en la eficaz administración de justicia y el deber que les cabe de velar por dar una respuesta, oportuna y justa a los ciudadanos, por sobre los intereses personales de cada uno”.
En cuanto a la pelea entre Barbarosch y Escobar, los consejeros hicieron hincapié en que “ha afectado no sólo el prestigio de los dos magistrados intervinientes, sino también a todos los integrantes del Poder Judicial y a la institución misma, frente a la sociedad”.
Por ello, el dictamen redactado por Fernández finaliza con una conclusión que se aparta del caso concreto y que exhorta a todos los jueces a mantener un comportamiento adecuado a la investidura que ostentan como magistrados.
“En este marco de reflexión, es necesario tener en cuenta que las relaciones entre pares –relaciones al fin- no deben afectar la efectiva prestación del servicio de justicia y el normal funcionamiento del tribunal, vehículo natural y necesario para aquél fin”, concluye el dictamen.
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