Por su parte, el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el presupuesto para el año 2001, y lo remitió al Poder Legislativo, “amparándose en la Ley de Autarquía del Poder Judicial”, en virtud de las diferencias surgidas con el Ejecutivo, según aseguraron los voceros consultados.
El presupuesto que aprobó el Consejo es de 800 millones , y se giró al Poder Legislativo quién será el encargado de aprobar el presupuesto enviado por el Consejo y la Corte o el que envía el Poder Ejecutivo.
El plenario también aprobó que se incluya personal especializado en los Tribunales Orales del interior del país, ahora convertidas por ley en Cámaras.
Precisamente, la semana pasada -fue primicia de Diariojudicial.com- integrantes de tribunales de distintas provincias reclamaron al presidente de la Corte y ante el Consejo de la Magistratura por la asignación de nuevas funciones, sin contar con personal ni presupuesto.
Una delegación de jueces de Tribunales Orales de todo el país, encabezada por Hydeé Vázquez, jueza del Tribunal Oral de Neuquen, se reunieron el jueves con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno a quien le plantearon algunas inquietudes de funcionamiento en esos tribunales.
. Es que Tribunales Orales del interior de las provincias tendrán una nueva competencia que les ha sido fijada por la ley 25269, que los convertiría en Cámara Federales adicionales con competencia múltiple de Cámara. Los Tribunales de primera instancia de las provincias, no cuentan con el personal capacitado para cumplir esa función dado que venían desarrollando funciones de tipo penal.
El camarista civil y miembro del Consejo Claudio Kiper se comprometió en esa visita de los magistrados al Consejo de la Magistratura, a gestionar ante ese cuerpo a contratar al personal necesario para cumplir con las actividades que se les asignó por la nueva ley, a partir del 19 de septiembre de este año.
Acerca del presupuesto aprobado hoy por el plenario, se consideraron los 800 millones que necesita el Poder Judicial para el año 2001. Con respecto al bienio 2002-2003, El ministro de Economía, José Luis Machinea, a través de una comunicación, le impuso al Consejo una serie de límites financieros. Es que cuando los integrantes de la Comisión de Administración hacían números cercanos a 798 millones, Machinea les propuso una cifra muy inferior a lo estipulada: 510 millones. Hoy también se consideraron varias partidas para algunos juzgados que fueron creados por ley del Congreso y no están funcionando.