La Constitución Nacional prevé que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. Como se puede comprobar, muchas veces los derechos no se ejercen correctamente, y las garantías quedan estancadas en el simple texto legal.
En el mundo, se ha recurrido a diversas medidas para intentar aminorar este problema, como por ejemplo, en Estados Unidos, donde se decidió privatizar las cárceles. ¿Pero cuál es la solución que se debería adoptar en la Argentina? ¿Cuáles son los recursos que brinda el Estado nacional para revertir esta situación?
Tomando un testimonio desde una visión más global, el Dr. Elías Carranza, titular del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), afirmó en una conferencia que brindó en nuestro país, que “la defensa pública al igual que las cárceles, deben ser estatales. Ello no significa que funcionen bien en todos los países. Sin duda hay mucho que mejorar. Pero no es cierto que las cárceles y la defensa pública privatizadas sean mejores y más baratas, que son los argumentos principales que esgrimen para privatizarlas.”
A su vez, destacó que en igualdad de condiciones, si se les asignan los mismos recursos humanos y materiales a ambas, las cárceles privatizadas son peores y muchísimo más caras, además de que dichas empresas no pueden resolver, para la totalidad del sistema, “las grandes necesidades de espacio, trato digno penitenciario, y de buena defensa legal para tantas personas de los sectores de menores recursos.”
Sumado a ello, Cristina Caamaño, Directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal del INECIP, explicó que “no es buena la privatización de las cárceles, porque es el Estado que tiene que asegurar ciertos servicios, y esto no tiene que garantizarlo un particular”. Señaló además que “no creo en el servicio penitenciario que tenemos ahora, pero tampoco creo que debemos privatizarlo, la seguridad la debería dar el Estado.”
A esto, agregó que por un lado no se puede privatizar todo, y que se debería hacer otro tipo de servicio penitenciario, donde el personal que lo integre sean civiles, en lugar de una fuerza de seguridad como la policía, donde sólo debería estar, según su opinión, en la parte perimetral del penal para evitar posibles fugas.
Indicó además, la importancia de que esta fuerza civil esté capacitada en mediación y resolución de conflictos, y que sea un grupo multidisiplinario, que abarque diversas especializaciones para favorecer la interrelación entre los reclusos.
Desde una perspectiva similar, el Juez Nacional de Ejecución Penal porteño, Sergio Delgado, opinó que la terciarización de algunos servios podría ser una solución, pero no la privatización, ya que para el magistrado, la seguridad es una función de esencial del Estado.
Cuestionó a su vez, la militarización de la estructura penitenciaria, donde hay una subordinación de todas las áreas de tratamiento. Sobre ello, indicó que “tiene que haber áreas de seguridad y de tratamiento que no tiene porqué estas últimas estar subordinadas a las primeras”, tomando como ejemplo el sector administrativo o los docentes que les dan clase a los presos. Por último, señaló que además de esta militarización, hubo un degradamiento del sistema, al convertirse el servicio penitenciario en una fuerza de seguridad.
El problema de las deficiencias de los servicios encuentra un deterioro que se incrementa con los años. Ya desde el año 2006, la Comisión Provincial de la Memoria había presentado un hábeas corpus colectivo en favor de los presos de la unidad 1 de Olmos ante el juez de Ejecución de La Plata, quien ordenó la clausura de los pabellones 8 y 9 de la Unidad, “ya que tenían el patio completamente inundado desde hacía bastante tiempo, con desechos cloacales, agua putrefacta, basura, etc.”
También ese mismo año, dicha comisión accionó por la existencia de “grandes ratas y ratones ocasionando un gran foco infeccioso para internos u agentes", a raíz de la falta de recolección de basura en la Unidad 36 de Magdalena. El servicio penitenciario necesita reformas, y dentro de la amplia variedad de opciones para incrementar sus recursos, se requiere un enfoque diferente, y una intención concreta por parte del Estado para hacer la diferencia.