Se trata de dos proyectos por más de $ 500 millones el primero y otros $ 300 el segundo. Esta es la síntesis de la primera reunión que mantuvo el actual ministro Raúl Granillo Ocampo con Eduardo de la Rua, primo y enviado del presidente electo para comenzar a gestionar la transferencia de poder.
De la Rua estuvo acompañado de los dos técnicos designados por la Alianza para esta área, Pablo Tonelli y Carlos Balbín mientras que Granillo Ocampo contó con el asesoramiento de su primo Carlos Guillermo Ocampo que se desempeña como secretario de Justicia. En ese encuentro celebrado sobre el filo del fin de semana en el ministerio se acordó que a partir de ayer comiencen a trabajar los equipos técnicos, cuya información será entregada luego al prácticamente designado ministro,Ricardo Gil Lavedra.
La licitación para construir la Ciudad Judicial en terrenos de la Corte Suprema que se encuentran limitados por las avenidas Brasil y Garay y las calles Pichincha y Combate de los Pozos en el denominado barrio de San Cristóbal Sur. El proyecto contempla concentrar una gran cantidad de juzgados dispersos fundamentalmente de los fueros laboral, civil y comercial, consolidando una zona de tribunales que se sumaría a la del propio Palacio ubicado en Talcahuano, Lavalle, Uruguay y Tucumán y la zona de Retiro donde, en su mayoría, funcionan el fuero Federal Penal y el Penal Económico.
Esta licitación fue declarada desierta en agosto pasado cuando ninguno de los 8 grandes grupos que había comprado los pliegos se presentó para definir la oferta final. Esos grupos estaban encabezados por las empresas Dycasa, Víctor Gualtieri SA, SADE Ingeniería y Construcciones, Necos Entrecanales Cubiertas, Techint, Agroman Empresa Construcciones, Benito Roggio e hijos y Dumez. Sin embargo, la proximidad de un cambio presidencial frenó a las empresas y paralizó el proyecto de Granillo Ocampo aunque el ministro piensa en insistir.
Sin embargo, los tiempos para un nuevo llamado y su adjudicación correspondiente ya caen dentro de los plazos de asunción del nuevo gobierno por lo que esta insistencia -les pareció innecesaria a los nuevos funcionarios- no tendrá demasiados efectos prácticos porque el control de la licitación y su adjudicación será una responsabilidad de Gil Lavedra. La obra debía ser financiada por las empresas a un plazo de 15 años mientras que la construcción debía terminarse en cuatro años. Tampoco el emprendimiento contaba con avales estatales por lo que complicaba el esquema financiero.
Con respecto a las cárceles, la situación es diferente ya que la superpoblación de los actuales penales y el incremento de los índices delictivos obliga a contar con nuevos y modernizados penales. El gobierno menemista ya construyó las cárceles de Ezeiza y Gonzalez Catán pero faltan otros penales.