“Es muy probable que se lo juzgue por mal desempeño, al actuar de manera irregular en las causas del Gobierno”, señaló Tonelli a DiarioJudicial.com al afianzar las declaraciones anteriores que había ofrecido el Ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro el lunes por la noche. Por la mañana del mismo día, Gallardo hizo su propia conferencia de prensa en la Legislatura local para informar sobre la sucesión de los hechos que produjeron su recusación en muchas de las causas en las que interviene el juzgado del cual está a cargo.
El 3 de septiembre pasado el gobierno lo demandó por daños y perjuicios a través del expediente judicial caratulado "GCBA C/ GALLARDO, ROBERTO ANDRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS * EXPTE 30738/0". Se trata de una causa en la que Gallardo había trabado un embargo que supuestamente le había producido la pérdida de 130 mil pesos de intereses al gobierno. La medida judicial había sido una medida cautelar promovida por una organización de destino de Casa Amarilla, que eran los adjudicatarios de viviendas sociales en el barrio de La Boca.
“Como no se avanzaba en la licitación, pese a tener los fondos asignados por el presupuesto local, se pedía trabar un embargo para garantizar que esa suma de dinero no se destinara a otros fines del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)”, contó Gallardo a DiarioJudicial.com. “En ese contexto cité al titular del IVC, el ingeniero Roberto Apelbaum, quien no asistió. Entonces hice la medida cautelar”, agregó.
Ante la demanda que interpuso la administración hacia el magistrado, Tonelli entendió que había que recusarlo en las causas en las que esté presente el gobierno como parte ya que “tienen un pleito pendiente entre el juez y gobierno, causa que el Código prevé”. En ese sentido, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación determina esta razón en su artículo 17 como una de las recusaciones con expresión de causa. “No está en condiciones de resolver con la imparcialidad necesaria”, afirmó el Procurador General de la ciudad. La notificación al magistrado le había llegado el 4 de septiembre.
“Por casualidad”, según el funcionario de Ministerio Público, el mismo 3 de septiembre, Gallardo había ordenado el allanamiento de siete dependencias administrativas y el secuestro de la documentación respectiva, que se realizaron con éxito, dentro de la causa en la que se había solicitado como medida cautelar la sala de primeros auxilios en el centro de evacuados de Parque Roca (Ex AU7 - Villa Cartón), cuyo incumplimiento por parte del gobierno trajo aparejada la muerte de un bebé de cuatro meses por no tener un establecimiento donde poder ser atendido.
El 2 de septiembre debían concurrir a una audiencia a la que se había citado al Jefe de Gobierno y algunos ministros de áreas vinculadas al asunto. Ante la inasistencia de los funcionarios bajo el pretexto de que procesalmente no podían ser citados en razón de su investidura, el Ministerio Público solicitó al Tribunal a cargo del magistrado en cuestión, el allanamiento de las dependencias gubernamentales involucradas y el secuestro de la documentación relativa a la orden judicial incumplida y a la muerte del menor.
“Hace diez años que escucho lo mismo, cada vez que tienen un problema con la ley y con la Constitución, sacan a relucir mi veta vocacional y lo que hay que discutir es cómo rige la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para los ciudadanos”, sostuvo Gallardo, refiriéndose a los dichos del ministro Montenegro en la conferencia de prensa en la cual asimiló la postura del juez porteño a la de un político.
“Montenegro no dio razones sobre el incumplimiento de la medida cautelar del ministerio público. No se habla sobre la responsabilidad jurídica y política cuando aparecen razones fatales”, afirmó Gallardo. Lo primero que hizo la Procuración fue quitar del juzgado las cerca de 200 acciones de amparo allí radicadas y ahora comenzaron con los juicios ordinarios. “Cada vez que no les guste un fallo del juez lo van a recusar”, expresó.
“Las causas están diseminadas por los 14 juzgados que quedan lo que es un despropósito y produce daño a los justiciables ya que significa un desprecio hacia los derechos de los ciudadanos: los privan del juez natural y además, del servicio de justicia porque por más buena voluntad que tengan el resto de mis colegas magia no pueden hacer”, concluyó Gallardo.