A sala llena, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, señaló que esta iniciativa que se acaba de poner en marcha “por un lado presta compasión y asistencia a las víctimas y por el otro, asegura rigor hacia los culpables y la combatividad de la impunidad”.
En relación al primer aspecto, el ministro dijo que “es muy interesante el sistema que se inicia porque por una lado, aquellos que son los más vulnerables, que sufren lesiones pueden ser escuchados, pueden ser asesorados y atendidos por alguien que les va prestar un oído mucho más inmediato y cercano las 24 horas del día”. En consonancia con la segunda idea, el titular del máximo tribunal aseguró que esta oficina “va a aportar eficiencia y va administrar mejor los recursos al orientar a las victimas dentro del sistema judicial”.
Además, Lorenzetti recalcó el hecho de que esta nueva institución “no compite ni se superpone con otros servicios que existen ya en la ciudad de Buenos Aire sino que se complementa”. “Esta Oficina está dentro del ámbito de la Corte, porque es la cabeza del Poder y pretende liderar los cambios que necesita el Poder Judicial y que nuestra gente reclama, por eso la inauguramos como un modelo para que sea imitado y desarrollado en otros ámbitos del país”, agregó.
La jueza Highton de Nolasco explicó que al funcionar la OVD no significará que “se vayan a judicializar todos los casos ya que no es esa la intención sino todo lo contrario” porque suele suceder que “dentro del acceso a Justicia sabemos que la oferta que da el Estado es pequeña y sobre todo el Poder Judicial, donde todo parece que tiene que ir a la boca de un juez y así a veces se judicializan casos de más”.
Las Cortes provinciales están en diálogo con el Máximo Tribunal para poder firmar convenios de colaboración, entre las que se encuentran la de la provincia de Buenos Aires con quien firmará un acuerdo entre las próximas dos semanas y la de Salta.
“Entendemos que es un servicio fundamental para todos los jueces de donde viene la inquietud de tener una oficina común. Es una idea más moderna de tener los recursos concentrados y no que cada juzgado tenga un profesional, ya que nunca podría tener un equipo y además podría haber capacidad ociosa porque probablemente el requerimiento de esos profesionales especializados no sea permanente para la temática”, por el corto horario de atención, explicó la vicepresidenta de la Corte. La OVD está integrada por un equipo interdisciplinario compuesto por abogados, trabajadores sociales, médicos y psicólogos, el cual se encargará de atender a la víctima.
Este grupo se encargará de realizar “la primera valoración, el primer análisis de riesgo y esta primera constatación física o psicológica de la violencia doméstica, a partir del cual el particular va a ir al tribunal con los elementos hechos sin tener que repetir reiteradamente todo desde el principio”, contó Highton. Además, con el consentimiento informado de la víctima, se podrá grabar o filmar, “con lo cual va a servir esta prueba que será absolutamente confidencial”, destacó.
“Esta dependencia no tendrá competencia jurisdiccional sino que hará la derivación a quienes actualmente entienden en cuestiones de violencia doméstica: el fuero Civil de Familia por la ley 24.417 y el fuero Penal de Instrucción y Correccional nacional y federal y actualmente de acuerdo a las competencias que se pasaron hace poco, al contravencional”, informó la abogada Analía Monferrer, jefa de la Oficina, quien dijo que “esta semana volverán a retomar las reuniones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ver qué recursos son los que efectivamente van a poder disponer”.
Según los datos arrojados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias de violencia familiar han pasado de 997 en 1995 a 4677 en el 2007, lo que implica un aumento del 369 por ciento. En lo que refiere a los casos de violencia, entre le primer cuatrimestre del años pasado y el primero del 2008 los hechos pasaron de 1521 a 1711.
Asistieron también al acto la Defensora General de la Nación, Stella Marís Martínez, la Secretaria de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, el embajador de los Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, entre otros funcionarios y magistrados presentes.