“Para que un proceso anticorrupción avance tiene que estar respaldado por una voluntad política muy definida de parte de quienes ejercen el poder –define Ugaz–. Pero la voluntad política en nuestras clases de dirigentes es contraria al esfuerzo anticorrupción porque están contaminadas de corrupción. Se necesita voluntad política contra la lucha anticorrupción, los políticos normalmente no tienen esa voluntad, y si la tienen es por períodos breves porque luego vienen cambios gubernamentales y se dan retrocesos en las investigaciones”.
Por otra parte, Ugaz enumera las injerencias que los Gobiernos tienen en la designación de los jueces y fiscales y en su remoción, por eso sostiene que la investigación por corrupción “va a depender más de la personalidad de quien asuma la investigación que de lo que el sistema pueda garantizar”.
Ugaz fue procurador de Perú durante 14 meses, desde el 3 de noviembre del 2000 al 31 de enero de 2002, e investigó la corrupción de su Perú y logró que el ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos fuera condenado a 15 años de prisión y tenga todavía varios procesos abiertos. En Perú, se abrieron 200 procesos penales contra cerca de 1500 personas y en ocho años se recuperar 250 millones de dólares de esos delitos.
Abogado y profesor de derecho penal, Ugaz estuvo en el país la semana pasada invitado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) para dictar un seminario sobre recuperación de activos y eficacia en la persecución de la criminalidad económica.
“Lo que he escuchado en mi visita es que hay un cierto pesimismo por los dilatados que son las situaciones. Me han hablado de casos que tienen 14, 16 años en la vía penal ordinaria sin llegar a término. Eso es inaceptable. Creo que ahí hay un no querer hacer y patear hacia adelante para evitar que se produzcan los resultados”, sentencia Ugaz.
En los casos que se investigaron en Perú, ¿se pudieron recuperar los activos?
Parte del éxito del proceso anticorrupción peruano es que en muy corto tiempo se pudo identificar, congelar y repatriar cantidades importantes de dinero. A la fecha hay recuperados aproximadamente 250 millones de dólares y están pendientes unos 35 a 40 millones más. Cuando se creo el Fondo para la Repatriación de los Activos la norma establecía que debía invertirse en fortalecer el sistema anticorrupción, en garantizar el pago de reparaciones a las víctimas de la violencia, en infraestructura para el sistema penitenciario, entre otros temas. Posteriormente esto se amplió y se abrió una cláusula que casi permitía al Estado gastar el dinero en lo que creía conveniente. Todo ese dinero ya fue gastado.
Los delitos de corrupción están muy asociados con el poder político, ¿cómo juega eso en la investigación judicial?
En general el crimen cometido desde el poder siempre implica una restricción y un riesgo para el funcionario investigador. En el caso peruano la situación fue distinta porque se trató de una red criminal que captura el Estado pero que a su vez cuando colapso se genera una circunstancia espacialísima: hay un quiebre del sistema y eso hace posible que se genere un Gobierno de transición y se produzca una rápida reacción para investigar a los elementos criminales. Pero normalmente en un Gobierno regular, las posibilidades que tiene un juez para investigar autónomamente son más limitadas porque nuestros sistemas judiciales no son todos los fuertes que quisiéramos, tienen todavía niveles de contaminación política, ya sea en la designación o sanción de los jueces. Al final, va a depender más de la personalidad de quien asuma la investigación que de lo que el sistema pueda garantizar.
¿Suele haber connivencia entre investigado e investigador?
Muchas veces hay connivencia de investigadores consecuentes que desean complacer al poder para obtener un ascenso en su carrera o una retribución económica o porque hay una identificación política entre las partes, cosa que sucede con mucha frecuencia. En muchos de los países de la región, los fiscales son designados por el Poder Ejecutivo, el Presidente tiene que ver con el nombramiento de los jueces. Eso hace que un juez que no tiene firmes convicciones haga un cálculo político de costo beneficio antes de tomar una decisión de llevar una investigación hasta las últimas consecuencias.
¿Cómo se encuentra la situación legislativa en la región para investigar este clase de delitos?
Es muy variado. Hay países que han avanzado mucho más que otros. No hay un desarrollo homogéneo en materia de autonomía funcional en procesos de independización y fortalecimiento de la judicatura. Con el nuevo modelo penal, las autoridades chilenas están en un nivel de avance interesante y Perú viene haciendo esfuerzos por autonomizar la designación y promoción de jueces y fiscales, se ha creado una academia de la magistratura, un consejo nacional que es independiente que nombra a los magistrados. Yo no hablaría de una tendencia regional sino de situaciones particulares dependiente de cada país.
¿Cómo ve a la Justicia argentina en esta materia?
Lo que he escuchado en mi visita es que hay un cierto pesimismo por los dilatados que son las situaciones. Me han hablado de casos que tienen 14, 16 años en la vía penal ordinaria sin llegar a término. Eso es inaceptable. Desde cualquier punto de vista de un estándar aceptable de Justicia eso no tiene ninguna lógica. Creo que ahí hay un no querer hacer y patear hacia adelante para evitar que se produzcan los resultados. Y eso puede tener que ver con un nivel de interferencia política expresa o autocensurada. No entiende que puede pasar en un proceso para que dure 16 años.
La falta de recursos humanos y materiales y la gran cantidad de causas que tienen los jueces, ¿pueden ser un atenuante para la demora en causas de delitos de corrupción?
Obviamente que todo eso puede de alguna manera tener un peso pero en ningún caso justifican procesos de esa longitud. Suena más a complicidad que a limitación. Conozco países que con muchos menos recursos han logrado resultados y eso tiene que ver con la voluntad institucional de la Justicia.
¿Los jueces y fiscales están capacitados para investigar delitos de corrupción?
En Argentina se hace un esfuerzo de capacitación bastante grande. La mayoría conoce los instrumentos internacionales y sabe de lo que se está hablando. La pregunta es porque eso no funciona en la realidad como debería.
¿El anticorrupción debería ser un fuero propio?
En el caso peruano eso funcionó por lo tanto desde mi experiencia puedo decir que sí creo en un subsistema especializado. Jueces que en nuestro caso fueron elegidos entre los más jóvenes, los mejores preparados y el resultado ha sido que hemos tenido procesados a personalidades con mucho poder, hemos recuperado activos en cantidades muy significativas, y llevamos adelante procesos con el respecto a las garantías constitucionales y procesales. Hoy, a ocho años desde que se inició el subsistema anticorrupción en la Justicia peruana, los jueces y fiscales de ese ámbito siguen estando por encima del promedio de jueces y fiscales regulares en materia de integridad, capacidad y resultados.
Estos delitos implican en muchos casos operaciones internacionales. ¿Existe la suficiente colaboración entre las justicias de la región?
Todo mecanismo de cooperación internacional es muy complejo porque en el medio se inserta el tema de la soberanía y nuestros Estados todavía mantienen un concepto rígido de soberanía, somos países que mantenemos rivalidades. Entonces eso hace que mientras el crimen global avance a una velocidad absolutamente exponencial, los Estados están constreñidos por conceptos anacrónicos, como el de una soberanía rígida, el ritualismo formal de los sellos, papeles y los pasos burocráticos.
¿Cuál es el futuro de la resolución de este tipo de conflictos?
El problema en materia anticorrupción es sostener el esfuerzo. Y aquí hay una cuestión que es muy clara: para que un proceso anticorrupción avance tiene que estar respaldado por una voluntad política muy definida de parte de quienes ejercen el poder. Pero la voluntad política en nuestras clases de dirigentes es contraria al esfuerzo anticorrupción porque están contaminadas de corrupción. Se necesita voluntad política contra la lucha anticorrupción, los políticos normalmente no tienen esa voluntad, y si la tienen es por períodos breves porque luego vienen cambios gubernamentales y se dan retrocesos en las investigaciones. Entonces, ahí lo único que queda es construir espacios desde la sociedad civil que puedan crear esa voluntad política y exigirla a efectos de procurar sostenibilidad en los esfuerzos que es el reto final de este tipo de trabajos.