El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández sostuvo que el fin es justamente lograr “que no hayan dilaciones de ninguna características” y aseverar “las garantías totales de que están hablando no solamente de informaciones meramente descriptivas sino de información de fondo”. Así lo expresó en la presentación del Encuentro Nacional de Funcionarios Judiciales y Reincidencia que se llevó a cabo este viernes.
“Lo que estamos haciendo hoy nos pone muy contentos, pero si uno lo revisa es intrínseco a la función ya que debiera haber sido lo lógico, no deberíamos estar aplicando en la práctica esto como lo extraordinario”, aclaró el ministro. “A esta Dirección se la relevó, se la dejó en un segundo lugar y hoy la ponemos en un lugar que corresponde porque es uno de los espacios más expeditivos, más responsables por la información que contiene y por la cantidad de masa crítica que representa”, concluyó.
Se trata de dos nuevos softwares denominados Intereb y Remfi. El primero es una herramienta diseñada por el Registro que permite que los actores judiciales posean una comunicación actualizada acerca de los delitos cometidos en distintas jurisdicciones. Este sistema se encargará de buscar en la Base general de Datos del organismo las distintas resoluciones acerca de pedidos de captura y autos de rebeldía
“Por ahí se sustanciaba un proceso en varias provincias y no había intercomunicación” dijo la Directora Nacional de esta institución, Mónica Litza, quien estuvo a cargo del encuentro y consideró desventajosa esta situación ya que observa que ésta es “una época donde la modalidad delictiva es muy compleja e interjurisdiccional”.
En cuanto al segundo programa, este actualizará la información nominativa de la base de datos del Registro. “Este programa detecta cuáles son los legajos deficientes y automáticamente se remite una nota al órgano que dicto la medida y de esa forma a través del plan nacional de descentralización, que son terminales nuestras en todo el país se pueden remitir las fichas dactilares a nuestra base de datos”, explicó Litza.
Según las estadísticas de la Dirección, en los últimos dos años la demanda del certificado de antecedentes penales desde el sector privado creció un 70 por ciento. En el evento estuvieron presentes presidentes de los Superiores Tribunales de Justicia de todas las provincias del país, jueces, procuradores y fiscales quienes hicieron saber durante un coloquio las necesidades que sufren en cada jurisdicción.