El debate de la posible eliminación de la jubilación privada, ha dado lugar a que las empresas involucradas, manifiesten su descontento con la medida y expongan los perjuicios que creen que este cambio generaría en los afiliados.
En representación de a Unión de AFJP (UAFJP), el presidente de la entidad, Sebastián Palla, destacó que “de acuerdo al proyecto de ley que se anuncia, este no tiene una visión de largo plazo, sino que está basado en un hecho coyuntural, que es la crisis de los mercados financieros. En cambio, el dato relevante es que los fondos administrados por las AFJP son fondos de largo plazo, para un contexto de reglas estables.”
Estas afirmaciones se relacionan con las críticas que se le hacen a estas compañías, donde actualmente una gran proporción de sus recursos se encuentran invertidos en bonos del estado, cuyo valor se encuentra gravemente devaluado. En referencia a ello, Palla indicó que las AFJP ofrecen “beneficios evidentes, tales como su transparencia, rentabilidad en el largo plazo y flexibilidad de opciones”. Explicó que “la participación de títulos públicos en las carteras de las AFJP es una consecuencia de la propia regulación y de las sucesivas crisis que atravesó la Argentina desde la creación de este sub-sistema.”
Agregó que la solidez de las mismas “está expresada en la presencia evidente y comprobable de fondos por mas de 92 mil millones de pesos invertidos en diversos activos financieros y productivos, que son el resultado de los ahorros acumulados por los afiliados con más un 13,9% de rentabilidad histórica positiva promedio lograda a septiembre pasado”.
Por otro lado, destacó que el proyecto del Gobierno “plantea una inconsistencia frente a la reforma propuesta hace tan solo un año”, donde en aquel momento, el Gobierno y el Sector Privado estuvieron de acuerdo en darle a la gente la libertad de opción, que está vigente y puede ejercerse cada 5 años. Enfatizó en que de hecho, “el 80% de los afiliados optó por permanecer en nuestro sub-sistema.”
En oposición a esto, el fiscal Guillermo Marijuan denunció a las AFJP por presunta administración fraudulenta por haber liquidado presuntamente bonos al enterarse que los beneficios previsionales pasarían a la órbita del Estado Nacional. La denuncia había versado en la supuesta venta masiva de títulos públicos luego de trascender los posibles cambios en el sistema jubilatorio.
Adicionalmente, el fiscal reclamó una medida cautelar a fin de ordenar a las Administradoras “que se abstengan de efectuar operaciones financieras de los fondos que administran", con el objetivo de evitar "serios e irreparables perjuicios de imposible reparación ulterior, no sólo a sus afiliados sino también al Estado Nacional".
Como consecuencia de ello y haciendo lugar momentáneamente al pedido, el juez federal Claudio Bonadio ordenó este martes a las AFJP, a inhibirse de realizar operaciones financieras, bursátiles, bancarias o comerciales que impliquen un cambio en la composición de su cartera de inversiones, por un plazo de 7 días hábiles. Y al día siguiente allanó las oficinas de todas las administradoras.
En referencia al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, hay que destacar que el mismo unifica el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, actualmente divido en un subsistema de capitalización y en otro de reparto, en un único régimen público que se llamará Sistema Integrado Previsional Argentino.