“La discriminación denunciada se ha producido en distintas expresiones públicas, periodísticas y actuaciones por ante la Honorable Legislatura de la Provincia de Corrientes; en las que se han deslizado alusiones a mi edad (actualmente de 72 años) y una mínima discapacidad física ambulatoria que me obliga a auxiliarme para caminar con un bastón; aspectos ambos invocados como impedimentos para el ejercicio de mi función como Juez integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes”, explicó Codello.
La presentación fue realizada el viernes ante el titular de la delegación Corrientes del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Hugo Midón. Las personas denuncias fueron el diputado nacional José María Roldán, la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Josefina Meabe de Mathó, el diputado provincial Armando Aquino Britos, el concejal Alfredo Vallejos y el presidente del Colegio de Abogados de la primera circunscripción, Yamandú Barrios.
Contra el magistrado tramita un juicio por supuesto mal desempeño de sus funciones presentado por Roldán y Vallejos ante irregularidades en una causa que vincularía a familiares y por presunta “notoria inconducta” por faltas y ausencias en el trabajo.
“Lejos de ello los denunciantes han mantenido y mantienen una inaceptable, temeraria y también inexistente causal, tanto en su actuación pública como por los medios masivos de comunicación hasta el día de la fecha, cual es la de la presunta “inhabilidad física” como causa fuente del mal desempeño y de la inconducta denunciadas, sin expresar siquiera un solo hecho o elemento en que esta supuesta inhabilidad tuviera incidencia negativa en el ejercicio de mi función de administrar Justicia”, señala el ministro en su denuncia.
Codello explicó en su denuncia que en 1997 tuvo un accidente que le produjo una lesión vascular en la pierna derecha que le impide una correcta irrigación sanguínea y afecta su movilidad por lo que trasladarse con un bastón en algunas ocasiones. “Debe recordarse que a la fecha en que fuera designado Ministro del alto cuerpo al que pertenezco, tenía las mismas dificultades físicas que padezco en la actualidad”, explicó.
“La discriminación se produce cuando se pretende impedir el ejercicio de un derecho invocando para ello una discapacidad que en nada afecta mi actividad como Ministro del Superior Tribunal”, remarcó.
Para el magistrado los dichos de las personas denunciadas buscan “justificar un pedido de juicio político” pero los considera “actos discriminatorios en los términos de la ley 23.592”.
Uno de los denunciados, el legislador Aquino Brito, sostuvo que no hubo discriminación. “Acá no hubo discriminación sino gente que no comprende el funcionamiento republicano y las facultades que tiene el Poder Legislativo para ejercer contralor sobre los otros poderes del Estado. Estamos ante un Poder como el Judicial que no quiere que se lo controle, pero nosotros no nos vamos a dejar intimidar por este tipo de denuncias que no tienen asidero”, dijo Aquino Brito en declaraciones al diario correntino El Litoral.