“La representante del Estado Nacional pareciera que no ha comprendido la naturaleza de la presente acción, ya que pese a la notificación de la primera audiencia y los fundamentos esgrimidos, no los contestó, ni los rebatió, como así tampoco en torno a los requerimientos formulados por el actor en cuanto a la colaboración en el control de la actividad pesquera, en consecuencia no cumplimentó el Estado en la 2da audiencia la resolución judicial.
Como lo hizo la Corte Suprema de Justicia en la causa sobre el saneamiento del Riachuelo, para la cual designó a la Auditoria General de la Nación (AGN) como órgano de control, el juez marplatense ordenó que el organismo sea el encargado de fiscalizar dicho plan.
El juez López tomó la medida en base“al inminente peligro de agotamiento del recurso ictícola merluza común (hubbsi), la insuficiencia de resolver sólo con alguna medida o parcialmente una cuestión con la gravedad que tiene la problemática, resultando que la normativa vigente, reitero resulta insuficiente e incompleta como asimismo deficiente su cumplimiento y contralor es que en atención a la legislación apuntada”.
En su presentación, la parte actora denunció que en los últimos diez años no se reglamentó el artículo 27 de la ley 24.922, para “asignar cuotas de captura a cada permiso de pesca”, con lo cual viene “ocasionando innumerables perjuicios a sus representados y a los trabajadores de la pesca”.
En mayo de este año, el juez convocó a una audiencia, a la que faltó la Secretaría de Pesca, aunque sí se presentaron asociaciones ligadas a la pesca las cuales coincidieron en la “emergencia del recurso, como la ley para preservarlo”, y en la falta de control del Estado de los recursos pesqueros y la entrega de permisos de pesca.
También se hizo una nueva audiencia el 14 de agosto pasado a la que sí se presentó un representante de la Secretaría de Pesca, aunque eludió la presentación de un plan, pues consideró que el mismo se encuentra contemplado en la ley federal y las normas ya sancionadas. Incluso, la representante del Estado manifestó que no consentía la realización de la audiencia, pues la misma desnaturaliza esta acción de amparo.
“Resulta evidente que la normativa vigente emanada del la SAGPyA, más allá de su apoyatura en la normativa proteccionista antes mencionada, se encuentra divorciada de la realidad actual del caladero, resultando insuficiente, incompleta y deficiente en cuanto a su control”, consideró López.
También tuvo en cuenta manifestaciones del presidente de la AGN, entre ellas, que “los recursos pesqueros sufren una alarmante depredación y el país no alcanza a advertir las luces rojas que alertan sobre la alarmante situación que atraviesa la pesca que es uno de nuestros principales recursos de exportación”.
Incluso, López valoró informes periodísticos que fueron publicados durante todo este año sobre la problemática de la sobre pesca, como también de revistas especializadas.