En lo que constituye un nuevo pronunciamiento en torno a las cuestiones presupuestarias que afectan los planes para la creación de nuevos juzgados , que cuentan con aprobación parlamentaria, la Corte entendió que así como están las cosas, la nueva competencia que iba a tener vigencia a partir del próximo 19 de septiembre puede afectar “la adecuada administración de justicia”, tal como los plantearon los jueces del interior, cuando reclamaron más personal y capacitación del mismo.
La decisión fue adoptada mediante la acordada 19 firmada el pasado 14 de agosto, con el voto de los ministros Nazareno, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Guillermo López y Antonio Boggiano, quienes entendieron que ante la sanción de la norma (publicada en el Boletín Oficial el pasado 21 de julio) la Corte “tiene el deber institucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar que la nueva distribución de competencias afecte la adecuada administración de justicia y, con ello, los derechos de los justiciables”.
Por ese motivo, acordaron “mantener la competencia vigente”de los tribunales orales en lo criminal y correccional hasta la sanción de la ley, “hasta tanto esta Corte decida lo concerniente a la asignación de causas, nuevas o en trámite”.
La Ley convierte en Cámaras Federales en lo Criminal y Correccional a los Tribunales Orales de Jujuy, Formosa, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca, Santa Fe , La Pampa, San Luis y Santa Cruz..
El pasado jueves 10, representantes de los tribunales de distintas provincias reclamaron al presidente de la Corte y ante el Consejo de la Magistratura por la asignación de nuevas funciones de competencia múltiple sin contar con personal ni presupuesto.
También esa delegación se reunió con el camarista civil y miembro del Consejo de la Magistratura Claudio Kiper quien se comprometió a gestionar ante el Consejo de la Magistratura, la contratación de personal necesario para cumplir con las actividades que se les asignó por la nueva ley.