Se trata de la Comisión para la investigación de hechos ilícitos relacionados con la adulteración de medicamentos y su posterior comercialización, que fue creada en 1997 a través de la resolución 54 de 1997 y que está comandada por los fiscales de instrucción Marcelo Munilla Lacasa y Adrián César Giménez.
Además de la solicitud de apoyo a esa comisión por parte de los fiscales, Righi también dispuso que los representantes del Ministerio Público en ese organismo “colaboren a solicitud de los señores fiscales en aquellas causas cuyo objeto esté relacionado con la adulteración falsificación y posterior comercialización de medicamentos”.
Las instrucciones fueron dictadas a través de la resolución 154 y con el objetivo de “asegurar la coordinación y unificación de criterios de actuación del Ministerio Público Fiscal”.
“La prolongada actuación de una comisión integrada por varias fiscalías en la investigación de este tipo de delitos, a partir de la resolución PGN 54/1997, ha permitido la concentración de información de especial importancia para orientar la actuación del ministerio público en la investigación de delitos relacionados con la falsificación de medicamentos, además de posibilitar la especialización de investigadores con amplios conocimientos en la materia”, destaca el Procurador.
Por otra parte, Righi ordenó a la Dirección General de Administración disponer que le brinde a la Comisión “las herramientas informáticas y software de gestión necesarios para el desarrollo de las labores”.
El delito de adulteración y falsificación de medicamentos y su comercialización están penados en los artículos 200 y 201 del Código Penal, que prevén de tres a 10 años de prisión para quienes los cometan, y de 10 a 25 en caso que el accionar produzca la muerte de alguna persona
Sugerencias para la tramitación de causas por falsificación de medicamentos
Así se titula el anexo de la resolución que es una guía de actuación para los fiscales en este tipo de delitos.. “La falsificación de medicamentos es un problema de salud pública que no reconoce fronteras y afecta a todos los sectores de la población por igual, provocando daños que pueden producir desde lesiones menores hasta la muerte de quien los utiliza”, comienza el texto.
El texto señala que la caracterización que la Justicia le debe dar a un medicamento falso es la misma que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS): es falso cualquier remedio etiquetado indebidamente, de manera deliberada y fraudulenta en lo que respecta a su identidad o fuente.
“Se trata de un criterio amplio que deja al margen de la discusión si el medicamento produce un daño en la salud por acción, si lo hace por omisión o directamente no producirá ningún efecto, ya que se trata de una consecuencia que solo puede ser valorada a partir del pasiente que lo utilice”, explica.
“En síntesis, para habilitar la acción penal solo es necesario establecer inicialmente el origen ilegítimo de un medicamento, provenga de la fabricación clandestina, del contrabando o simplemente de la adulteración de los elementos distintivos de sus envases. En el último caso, pequeñas modificaciones como el número de lote, la fecha de vencimiento o su origen convierte al medicamento en una sustancia peligrosa para la salud”, agrega.
Por otra parte, las sugerencias destacan que frente a estos casos los fiscales deben darle intervención al Instituto Nacional de Medicamentos por tratarse de hechos con riesgos sanitarios para la población.