La campaña culminó el 1 de diciembre e incluyó actividades en las que participaron organizaciones estatales, empresas y universidades. Se trataron diferentes temas referentes a la seguridad informática. Desde la responsabilidad del usuario para tomar precauciones, hasta las distintas y nuevas formas del delito que se plantean en un contexto informatizado. También se dictaron cursos de concientización y capacitación y se publicaron documentos de interés en las redes internas.
En lo que respecta a la Argentina, vale recordar que nuestro país cuenta con una Ley de delitos informáticos sancionada en junio de este año que incorporó nuevos artículos al Código Penal (ley 26388).
En nuestro país, el Estado utiliza las normas que se basan en el COBIT (Control Objectives for Information and related Technology), un conjunto de mejores prácticas para el manejo de información creado por la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información. Aquí está validado según la resolución 48-05 de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la instrucción 2-07/PEN.
En la disertación final se llegó a la conclusión que más allá de los ataques a los diferentes sistemas, la debilidad de la seguridad en torno a las tecnologías de la información son los usuarios.
El organismo estatal encargado de dar los lineamientos en materia de empleo de tecnologías de la información es el ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de la Información). El mismos se aboca a una incorporación de la responsabilidad de los usuarios y de las empresas, en la seguridad informática ya que la responsabilidad no sólo es del Estado. Esto podría relacionarse con el movimiento que hay en Europa conra la piratería informática y con la conformación de un organismo jurídico comunitario que se está debatiendo en la Unión Europea.
Oficinas gubernamentales y empresas reciben numerosos ataques por día (un promedio de 50 y 200), lo que genera un nivel constante de inseguridad que debe tenerse presente. El debate rota constantemente en varios sentidos: la falta de legislación, la actualización de la existente, la responsabilidad de los usuarios, el comienzo de una acción conjunta de los estados y las precauciones que hay que tomar, entre otros temas.