Allende opinó que con la creación de la IGJ en la Ciudad hay “una superposición que es producto de un conflicto de constituciones”. “El hecho de que la ciudad dicte una ley como la que dictó creando este organismo es consecuencia de la creación de la ciudad Autónoma de Buenos Aires”, añadió. También coincidió Rossi al señalar que “sería una realidad” la superposición de roles entre ambos organismos.
“Cuando el Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad sea puesto efectivamente en marcha, nos encontraremos con que las asociaciones civiles podrán solicitar su autorización y reconocimiento de personería jurídica para funcionar, o bien en la actual IGJ de la Nación, o en este nuevo organismo”, aseguró Rossi, quien calificó como un “escándalo jurídico” el hecho que “en un mismo territorio convivan organismos diferentes”.
Ambos profesionales consideraron que debe realizarse un acuerdo entre ambos organismos. Mientras Allende entendió que se “debe delimitar la incumbencia para que sea lo más pacífico”, Rossi estimó que “sería poco recomendable formar y autorizar esas entidades (IGJ) en el ámbito de la Ciudad y dejarlas en medio de un conflicto de poderes y validez constitucional”.
Sin embargo, para Allende la creación de la IGJ “no es inconstitucional, pues está avalada por la carta magna de la Ciudad”. En contraposición, Rossi remarcó que la llamada “Ley Cafiero” establece que “el Estado Nacional se reserva, entre otras competencias e instituciones, a la IGJ, entonces queda claro que no la transfiere”. Para el ex Director de la IGJ, la norma que dio creación a la IGJ porteña”viola no sólo la “Ley Cafiero” sino el propio Estatuto básico de la Ciudad porteña”.
En cuanto a la importancia de la recaudación para el Gobierno porteño mediante la IGJ, Allende aseguró que “es relativa”, y estimó que el dinero que ingrese “será para pagar empleados del propio organismo, allí no hay lucro”.
“Tan limitada como ha quedado la Ley porteña, me parece que no hay que comparar con los más o menos 40 millones que recauda por año la IGJ nacional, que derivan de otros conceptos, como tasas de sociedades anónimas. Ni habría que pensar por lo tanto que de entrada se esté planteando ahora (a lo mejor sí en el futuro) una pelea por esa ´caja´”, expresó Rossi. Además, consideró que “en principio” la recaudación no tendría relevancia, pues “esta ley (porteña) puede llegar a ser operativa en materia de asociaciones civiles, que no pagan a la IGJ nacional ningún tributo anual”.
Allende elogió la Ley que dio vida a la IGJ porteña: “está muy bien inspirada porque apunta a la celeridad”, y a su vez destacó “la gratuidad del acceso público, esto es que uno puede consultar la información que sea volcada allí”.
Por su parte, Rossi sembró un manto de dudas al prever que “si esta nueva ley se pone en marcha es posible que se abra una especie de “pelea por la clientela” en la que se ofrecerían trámites sencillos, ágiles, a muy bajo costo”.
“No tendría el mismo valor legal ni la misma calidad jurídica el acto de un organismo de larga experiencia y trayectoria como la IGJ Nacional, que el de un buzón o una máquina de hacer chorizos, que esperamos no sea sólo eso este nuevo organismo”, agregó Rossi.
La polémica ya está instalada y las aguas bien divididas sobre la creación de la IGJ capitalina, pese a que hasta el momento no fue implementada. Habrá que ver si se superan los fundamentos de la norma que avalaron los legisladores locales: “evitar la superposición de órganos y trámites”.