Porto y una decena de ex funcionarios del PAMI que se desempeñaron durante la gestión de Alderete fueron citados el pasado 11 de julio a indagatoria y rige sobre ellos la prohibición de abandonar el país.
El yerno de Alderete estaba a cargo de la Secretaría de Coordinación de la Intervención del PAMI, y en su descargo ante la Justicia negó las imputaciones en su contra.
El próximo 7 de septiembre, Tomás Alderete --hijo del ex funcionario de la gestión de Carlos Menem-- deberá presentarse ante el magistrado para explicar su desempeño en la obra social como gerente de Acción Cultural y Desarrollo Social.
Las indagatorias habían sido solicitadas por los fiscales federales Guillermo Montenegro y Paul Starc el 28 de febrero último.
Entre los 19 imputados figuran Pablo Esteban Garcilazo que será indagado el 22 de agosto por su rol como Subsecretario General, y Víctor Raúl Luaces que está citado para el 24 de agosto en relación a su tarea como subsecretario de Coordinación del PAMI.
Todos habían acompañado a Alderete en la intervención del Instituto de Servicios Sociales Bancarios y desembarcaron con el ex funcionario en el PAMI.
Alderete está procesado por defraudación a la administración pública, con prisión preventiva en razón del artículo 319 del Código Procesal Penal ya que el juez estimó que su libertad supondría un escándalo "social", además de que podría eludir la acción de la Justicia.
Por otra parte, el juez federal Claudio Bonadío fijará en la próximas horas la fecha en la que el ex titular del PAMI Víctor Alderete deberá prestar declaración indagatoria en otra causa en la que se investiga su gestión al frente de la obra social de los jubilados. El magistrado quiere indagar a Alderete por el presunto delito de malversación de caudales públicos.
La causa que investiga Bonadío está relacionada con la publicación por parte del PAMI de un libro titulado "PAMI una transformación necesaria", en el que se describía en términos elogiosos la gestión de Alderete.
Del volumen, conocido como el "libro verde" por el color de su encuadernación, se editaron 6 mil ejemplares que se distribuyeron en las distintas dependencias del PAMI, a un costo de 80 mil pesos.
La denuncia fue realizada por el abogado Ricardo Monner Sans, tras lo cual el fiscal Jorge Di Lello pidió la indagatoria del ex funcionario menemista, quien actualmente permanece detenido por otra causa, a cargo del juez federal Adolfo Bagnasco.