En ese sentido, los ministros del Máximo Tribunal exhortaron a los jueces a que “evalúen con urgencia las decisiones a tomar a efectos de que sean las más conducentes en cuanto al objetivo de celeridad del trámite” y requirieron al Consejo de la Magistratura la implementación, en un plazo razonable, del plan de justicia digital, así como la provisión de la cantidad de salas de audiencias necesarias para la realización de los juicios orales en todas las jurisdicciones del país.
Además, el Máximo Tribunal convocó al Ejecutivo y al Legislativo junto al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura a “coordinar los esfuerzos para resolver las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de procesos judiciales”.
La acordada de hoy tiene se da a partir de la discusión que se abrió por el fallo de la Sala II de la Cámara de Casación Penal que el pasado jueves 18 ordenó liberar a una veintena de represores, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz por considerar que cumplieron un tiempo suficiente en prisión sin condena. Aunque al día siguiente la medida fue suspendida por una apelación del fiscal Raúl Plee, los reproches y acusaciones entre diputados, senadores, ministros de la Corte e incluso la Presidenta, merecieron el pronunciamiento de hoy de la Corte.
La nueva Superintendencia –aún no se confirmó quién será el titular- podrá pedir informes y “establecer un ritmo en las etapas procesales”. Desde la máxima instancia judicial enfatizaron que la medida se enmarca en una política de estado compartida desde el regreso de la democracia por los otros dos poderes -el Ejecutivo y el Legislativo- enfocada en la persecución de los delitos de lesa humanidad.
Los seis ministros firmantes –Carlos Fayt se excusó de suscribir la acordada- también exhortaron al Consejo de la Magistratura –que comanda el juez Luis María Bunge Campos- a tomar medidas para dotar de recursos humanos y materiales a los tribunales que intervienen en estas causas.
La Corte también elaboró un informe sobre la situación actual de los juicios por causas de lesa humanidad que se llevaron a cabo en 2008 y aquellos que aún continúan su curso. Allí afirmaron que la investigación en Argentina es “la mayor llevada a cabo en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad”.
Los ministros señalaron que “en muchos países se restringió la investigación a algunos casos, o se hizo a través de organismos especiales que luego sometieron a la justicia solamente el dictado de la sentencia, o bien se crearon tribunales específicos, todo lo cual permite una rápida y mejor resolución”.
Aseguraron que el Poder Judicial “ya estaba saturado por el nivel de litigiosidad existente” y cuestionaron varios aspectos del poder que integran: la insuficiencia de jueces, los cargos vacantes, la falta de edificios adecuados, de tecnología, de informatización y de salas de audiencias.
Entre las razones específicas que dilatan los procesos, indicaron: problemas en la constitución definitiva de los tribunales orales (“Brusa” en Santa Fe); inconvenientes en la designación de un juez sustituto para la realización del juicio “Primer Cuerpo de Ejército” en febrero de 2009 ante la imposibilidad manifestada por los demás jueces de los tribunales orales; congestión en los seis tribunales orales federales de la Capital Federal que implica la imposibilidad de que se reasigne alguna de las causas radicadas en el TOF 5.
En ese sentido, anticiparon que el juicio sobre los hechos cometidos en la ESMA se podría realizar luego del fijado para el mes de febrero de 2009 (Primer Cuerpo) y no antes de mediados de año. Y también recordaron que en julio de este año solicitaron al ministerio de Justicia la creación de dos tribunales orales extras por el exceso de carga laboral.
Los jueces de la Corte también recordaron que, mediante una nota de agosto de este año, transmitieron al Ejecutivo la opinión de los presidentes de las Cámaras con competencia penal acerca de la propuesta de modificación del artículo 454 del CPPN para darle más efectividad al trámite oral de los recursos de apelación, previsto por la ley 26.374.
También señalaron la “oposición de las querellas a que se realicen juicios por hechos aislados”. Los ministros de la Corte explicaron que, de concretarse los juicios orales no hay salas de audiencias que ofrezcan condiciones de seguridad y reclamaron al Consejo de la Magistratura que “construya o alquile salas de audiencias en capital y en algunos lugares del interior”.
Según la Corte, las deficiencias del Código Procesal constituyen la principal razón de demora de estos juicios. En cuanto a la reforma referida a la tramitación oral de los recursos, “al ser indiferenciada ocasiona numerosos problemas y en algunos casos, mayores demoras. Por esta razón se ha solicitado que se reforme para aplicarla a los delitos de mayor gravedad”, señaló el informe.
Los jueces del Máximo Tribunal sostuvieron que los juicios por causas de lesa humanidad mantienen “una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias, que afecta el juzgamiento de todos los delitos y no sólo de los concernientes a crímenes contra la humanidad, pero cuya considerable inidoneidad se evidencia en mayor medida en cualquier proceso de alta complejidad”.